PRIMERO: CON LUGAR LA CUESTIÓN PREVIA opuesta por la representación judicial de la parte accionada, abogada en ejercicio IRAIMA YANNETTE IBARRA SALAZAR, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 65.803. SEGUNDO: INCOMPETENTE para seguir conociendo del presente procedimiento, en razón de la conexión, en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA, al Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a quien se acuerda remitir el presente expediente una vez quede firme la presente decisión.

Considera esta Juzgadora, con base en lo precedentemente expuesto, que este Juzgado Primero de Los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, carece de competencia en razón de la cuantía para conocer sobre el presente juicio de Cobro de Bolívares por el Procedimiento de Intimación. En consecuencia remítase el presente expediente con oficio al Juez Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.

Así las cosas y conforme se desprende de la diligencia, el solicitante de la prórroga, que es el mismo promovente de la prueba de experticia contable a cuya oportunidad de nombramiento de expertos no asistió, a los que igualmente impugnó y objetó los honorarios por ellos fijados y que además solicitó al Tribunal la revocatoria de la documental solicitada por los mismos para la elaboración de la misión encomendada, no fundamentó el motivo o circunstancias de hechos especiales o de fuerza mayor que indique a este jurisdicente el cumplimiento previa verificación de los requisitos previstos en la ley para proveer la aludida prórroga, por lo que en atención a lo anteriormente analizado, es forzoso para este operador de justicia, NEGAR LA PRORROGA solicitada. En consecuencia, una vez vencida la prórroga acordada el 18 de abril de 2012 (fl.79-80 pieza II cuaderno principal) continúese la causa en el estado y grado que corresponda. Por encontrarse las partes a derecho se hace innecesa.....

PARTE DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE lo siguiente: PRIMERO: DECLARA IMPROCEDENTE la denuncia de Daño Temido o de Obra Vieja, interpuesta por el ciudadano EDGAR ENRIQUE OMAÑA SAENZ, asistido por el Abg. Gillmer José Amaya Quiñónez, en contra de los ciudadanos ANYELA ISOLAK BELLO ESCALANTE, SHULET STELLA HOYOS SANCHEZ, JESUS ALBERTO MOLINA GONZALEZ, ERVIN ALBERTO LOPEZ, MARIA AYDE MONCADA RAMIREZ y MARYLUZ MONCADA RAMIREZ. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.

Del anterior criterio jurisprudencial, se evidencia que la inepta acumulación es una prohibición legal, es decir, una prohibición expresa de la Ley para admitir la demanda tal como lo prevé el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, aunado a que la inacumulación indebida es materia de orden público es verificable por el Juez de oficio en cualquier grado y estado de la causa. A manera de colofón, en el presente caso hay inepta acumulación, por lo que resulta forzoso concluir que es INADMISIBLE la Intimación y Estimación de Honorarios Profesionales interpuesta por los Abogados Víctor Armando Pulido Y Silvia Uzcátegui de Pulido en contra de la ciudadana Mayra Luzmila Mendoza de Duque. Así se decide.

En consecuencia, en virtud de los recaudos acompañados al libelo de la demanda los cuales constituyen presunción grave del derecho que se reclama, y por cuanto son concurrentes los requisitos exigidos en la norma antes mencionada; de conformidad con lo solicitado por la parte actora y según lo dispuesto en el artículo 585, en concordancia con el ordinal primero y tercero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, SE DECRETAN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: PRIMERO: LA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, hasta cubrir la cantidad de SEISCIENTOS QUINCE MIL VEINTIUN BOLÍVARES CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (Bs.615.021.53), que comprende el doble de la cantidad estimada en la demanda, más los honorarios profesionales calculados prudencialmente por el Tribunal en un veinte por ciento (20%) y las costas calculadas prudencialmente en un cinco por ciento (5%); si el embargo recayere en cantidad liquida de dinero, solo podrá hacerse por la cantidad de DOS.....

El Tribunal decidio en lo siguiente DESESTIMA la cuestión previa opuesta por la parte demandada con fundamento en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: DECLARA que la parte demandada formuló oposición a la partición y, en consecuencia, ordena continuar el procedimiento por los trámites del juicio ordinario de conformidad con lo previsto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, debiéndose abrir el mismo a pruebas. TERCERO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo. CUARTO: Por cuanto las partes están a derecho no se requiere su notificación.

ÚNICO: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la ciudadana IRIS BELEN MENDOZA DE CONTRERAS, contra la sentencia dictada el 21 de enero de 2.009 por el Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción judicial del estado Táchira en el expediente signado con el N° 6664-2.006, de la nomenclatura de ese Tribunal. No se condena en costas a la quejosa por no considerarse temeraria la presente acción. Líbrese oficio junto con copia fotostática certificada de la presente decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a los fines de que sea agregada al expediente principal. Publíquese esta sentencia en el expediente N° 2.667 y regístrese conforme a los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscrip.....

IV PARTE DISPOSITIVA Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA: 1° IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos ejercido contra la providencia administrativa núm. 1181-2011 de fecha 25 de noviembre del 2011, emitida por la Inspectoría del Trabajo "General Cipriano Castro" del Estado Táchira. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal. Dada, firmada y sellada en el despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, a los 26 días del mes de abril del 2012. Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación. El juez Abg. Miguel Ángel Colmenares Chacón La secr.....

Visto el escrito de contestación de demanda suscrito por la parte demandada en fecha 17 de abril de 2012 (fl 11), mediante el cual exponen: "(omissis) Convengo en todas y cada una de sus partes en la presente demanda, así mismo reconozco el contenido y firma del documento objeto de la presente acción, en consecuencia solicito la homologación de la misma..." El Tribunal pasa a fin de pronunciarse sobre el convenimiento lo realizada en base a las siguientes consideraciones: "ART. 363.¿ Si el demandado conviniere en todo cuanto se le exija en la demanda, quedará ésta terminada y se procederá como en cosa juzgada, previa la homologación del convenimiento por el Tribunal.". Asimismo el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, indica: "ART 257.¿El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento br.....