PRIMERO: NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR DE AMPARO solicitada por la parte recurrente en contra de la Providencia Administrativa Nº 0605-2013, de fecha 04 de marzo de 2013, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO CIPRIANO CASTRO DEL ESTADO TÁCHIRA, expediente Nº 056-2012-06-00569 SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

PRIMERO: NIEGA LA MEDIDA DE AMPARO CAUTELAR SOLICITADA, contenido en la providencia administrativa Nº 2602-2013, de fecha 03 de octubre de 2013, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO TACHIRA, expediente administrativo Nº 056-2010-01100057. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.

PRIMERO: PROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la parte recurrente, en el recurso de nulidad interpuesto en contra la Providencia Administrativa Nº 1783-2013, de fecha 08 de julio de 2013, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO CIPRIANO CASTRO DEL ESTADO TACHIRA, expediente Nº 056-2013-03-00890. SEGUNDO: ACUERDA LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO contenida en la Providencia Administrativa Nº 1783-2013, de fecha 08 de julio de 2013, emanada de la INSPECTORIA DELÑ TRABAJO CIPRIANO CASTRO DEL ESTADO TACHIRA, expediente Nº 056-2013-03-00890 TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.

PRIMERO: PROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la parte recurrente, en el recurso de nulidad interpuesto en contra de la Providencia Administrativa Nº 3227-2013, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira, expediente Nº 056-2013-03-01950, mediante el cual ordena el pago de los salarios retenidos del ciudadano FELIX EDUARDO BOHORQUEZ VARGAS SEGUNDO: ACUERDA LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO contenida en la Providencia Administrativa Nº 3227-2013, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira, expediente Nº 056-2013-03-01950, mediante el cual ordena el pago de los salarios retenidos del ciudadano FELIX EDUARDO BOHORQUEZ VARGAS TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.

Por todo lo anteriormente expuesto, Este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL DE AUDIENCIAS Y MEDIDAS NUMERO UNO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL Y EN CONSECUENCIA DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, a FRANCISCO AGAPITO MENDOZA, sin más datos de identificación, por la presunta comisión de el delito de AMENAZA, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de MARIA ZENAIDA INFANTE, de conformidad con lo señalado en el artículo 300.3, en concordancia, con el artículo 49.8 del Código Orgánico Procesal Penal y 111.7 numeral del Código Orgánico procesal Penal, en concordancia con el Artículo 108.5 del Código penal. Notifíquese de la presente decisión y remítanse.....

EL JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARÓ CON LUGAR, la inhibición planteada por el abogado PEDRO ALFONSO SANCHEZ RODRIGUEZ, Juez Titular de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en el expediente inventariado en ese Tribunal con el No. 18.725. Notifíquese mediante oficio al Juez inhibido y a los demás Jueces Civiles de esta Circunscripción Judicial, remitiendo copia certificada de la presente decisión. (Sentencia N° 1175 de fecha 23-11-2010, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

Este Tribunal Primero Ejecutor de Medidas, da inicio al inventario, ordenando al experto designado, Ingeniero Alfonso Murillo, indique a este Juzgado, el procedimiento a realizar y utilizar para la realización del inventario, quien de seguida indica que para los bienes intangibles como es el caso de las acciones o derechos de participación en Sociedades Mercantiles, se valoran utilizando las normas de PC10;para los bienes tangibles, usara la metodología consiste para los inmuebles en determinar el valor del terreno por el método del miecado y el valor de la construcción por el método del costo de reposición, descontando el valor de la depreciación calculada por el método de Rossheydecke y para los bienes muebles, el valor se determinara observando el estado de funcionamiento de los mismos determinando su factor de mantenimiento y conservación y calculado la depreciación por obsolencia funcional por el método de Echo D´Kaires. Se le conceden Diez (10) días de despacho, para consign.....

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: CON LUGAR, la rectificación del acta de matrimonio N° 02, de fecha 12 de Febrero de 2.005, perteneciente al Ciudadano CANIO GIUSEPPE ZARRILLI CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, inserta en los Libros de Matrimonios llevados por el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. En consecuencia se ordena al Registro Civil Principal del Estado Táchira, colocar una nota marginal en el Acta de Matrimonio antes referida, y al Juzgado antes mencionado conforme lo indica el artículo 774 del Código de Procedimiento Civil. Ofíciese lo conducente al Registro Civil Principal del Estado Táchira y al Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial .....

El Tribunal visto el acuerdo realizado LO HOMOLOGA le otorga el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada de conformidad con el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo