ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL NUEVE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, resuelve: Único: Ordena la salida inmediata de la residencia común ubicada en la ciudad de Pregonero, calle 7, Nº 7-7, Municipio Uribante del Estado Táchira, del ciudadano DANIEL ANTONIO DEVIA CARRERO, titular de la cédula de identidad N° 5.343.015, para lo cual se oficiará a la Prefectura de la Parroquia respectiva, a fin de materializar inmediatamente la medida cautelar decretada, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 ordinal 1º de la Ley Sobre la Violencia Contra La Mujer y La Familia, acuerda; 2.- Se prohibe el acercamiento del imputado al lugar al lugar de trabajo y vivienda de la víctima. Líbrense los oficios respectivos. Cítese para la audiencia. Regístrese. Déjese copia. Cúmplase lo ordenado

este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL NUMERO NUEVE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: ÚNICO: ACUERDA NEGAR LA ENTREGA DEL VEHÍCULO, MARCA MACK, MODELO LD CORTO. CLASE CAMION, USO CARGA, TIPO CHUTO, COLOR AMARILLO, PLACAS 84Y-AAM, AÑO 1998, SERIAL DE CARROCERÍA RD688SXLDTV41837, SERIAL DEL MOTOR E7400-8M2691, al ciudadano Abogado JOSE EINER GALLEGO GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-19-866.937, quien actúa en representación del ciudadano IVAN ORBELINDO DIAZ PETIT, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.066.987, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NÚMERO NUEVE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: ÚNICO: DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor del ciudadano PÉREZ ORTIZ GILBERTO, nacionalidad Venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, Cédula de Identidad Nº V.- 14.417.098, de 25 años de edad, de profesión u oficio Comerciante, con fecha de nacimiento 07/04/1981, soltero, residenciado en el Barrio Táchira, calle principal, casa de color blanca, a una cuadra bajando de la casilla policial, Estado Táchira, en la presunta comisión del delito de FALSA ATESTACION ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, en perjuicio de la Fe Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 318 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal. Con la presente decisión queda satisfecha en su totalidad la .....

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL NUEVE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, resuelve: Único: Se responde adecuadamente y dentro del lapso de ley, la petición fundada en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la forma siguiente: 1) Se acuerda informar al solicitante las actuaciones seguidas en la presente causa, pero no es dable notificar de las decisiones, por cuanto no se le considera parte de la presente causa. 2) Se niega la solicitud de ser parte en la causa por cuanto no se tiene tal cualidad. 3) Se le informa que para decidir sobre el Sobreseimiento solicitado no se considera preciso fijar audiencia, por cuanto para demostrar el motivo no es necesario el debate oral. Notifíquese y regístrese la presente

este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL NUMERO NUEVE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: Único: Se DECLARA SIN LUGAR la solicitud de nulidad interpuesta con fundamento en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 104 del Código Orgánico Procesal Penal.