Visto el desistimiento al procedimiento, presentado en fecha 12 de junio del año en curso, por el abogado en ejercicio RAFAEL ALBERTO SÁNCHEZ CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.236.806 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 70.626, actuando con el carácter de Endosatario en Procuración de la parte demandante RONY JOSE SANDREA PEROZO, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.451.906, de este domicilio; esta operadora de justicia al observar que no es contrario a derecho el acto realizado por el demandante. Procede de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, a impartirle la HOMOLOGACION DE LEY, acordando proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. De igual manera conforme a lo peticionado, se ordena el desglose de todos y cada uno de los documentos originales acompañados al escrito libelar y su entrega a la parte demandante, dejándose en su luga.....

DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto este Tribunal de Justicia de Género, de Control, Audiencias y Medidas Nº 2, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA: PRIMERO: CON LUGAR la flagrancia de conformidad con el artículo 93 de la Ley Orgánica Especial por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA Y AMENAZA, previsto y sancionado en los artículos 42 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. SEGUNDO: Se acuerda continuar el asunto por el PROCEDIMIENTO ESPECIAL conforme al artículo 94 de la Ley Orgánica para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. TERCERO: Se procede a imponer las Medidas de Seguridad y Protección, como son las previstas en el numeral ordinal 3°, 5º y 6º 13° del artículo 87 de La Ley Orgánica Especial, consistentes en la salida de la casa, prohibición de acercarse por.....

DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto este Tribunal de Justicia de Género, de Control, Audiencias y Medidas Nº 2, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA: PRIMERO: CON LUGAR la flagrancia de conformidad con el artículo 93 de la Ley Orgánica Especial por la presunta comisión del delito de AMENAZA AGRAVADA Y VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia en relación con el articulo 88 del Código Penal. SEGUNDO: Se acuerda continuar el asunto por el PROCEDIMIENTO ESPECIAL conforme al artículo 94 de la Ley Orgánica para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. TERCERO: Se procede a imponer las Medidas de Seguridad y Protección, como son las previstas en el numeral ordinal 3°, 5º y 6º 13° del artículo 87 de La Ley Orgánica Especial, consistente.....

Este Tribunal visto lo expuesto acuerda suspender la presente ejecución en el día de hoy, de igual manera se acuerda remitir la presente comisión al Tribunal de la causa.

Este Tribunal visto lo expuesto acuerda suspender la presente ejecución en el día de hoy, de igual manera se acuerda mantener la presente comisión en este despacho.

El Tribunal deja constancia que a partir de la presente fecha quedan reintegrados a sus funciones normales en las mismas condiciones en que venían desempeñando para el momento del despido, los Trabajadores, NEPTALÌ BECERRA JAIMES y TITO ADER GONZALEZ ROVIRA; ya identificados; Respecto a la trabajadora VIRNA YAMILETT GIRON MALDONADO, ya identificado, este Tribunal deja constancia, que tal como lo expusieron los Procuradores del Trabajo, el referido ciudadano manifestó ante este Tribunal su voluntad en forma libre de no reengancharse a sus funciones, más si al cobro de sus salarios caídos y demás conceptos patrimoniales; en consecuencia debe proceder la Gobernación del Estado Táchira al pago de los salarios caídos y demás conceptos patrimoniales conforme lo ordena el Tribunal de la Causa de todos los querellantes en la presente Acción de Amparo.

El Tribunal deja constancia que a partir de la presente fecha queda reintegrada a sus funciones normales en las mismas condiciones en que venía desempeñando para el momento del despido, la Trabajadora, ESTHER GUERRERO; ya identificada; Respecto al trabajador GERARDO ALDUA CONTRERAS, ya identificado, este Tribunal deja constancia, que tal como lo expusieron los Procuradores del Trabajo, el referido ciudadano manifestó ante este Tribunal su voluntad en forma libre de no reengancharse a sus funciones, más si al cobro de sus salarios caídos y demás conceptos patrimoniales; en consecuencia debe proceder la Gobernación del Estado Táchira al pago de los salarios caídos y demás conceptos patrimoniales conforme lo ordena el Tribunal de la Causa de todos los querellantes en la presente Acción de Amparo.

En este estado el Tribunal procede a dar cumplimiento a la comisión conferida por el Juzgado Comitente, para lo cual impone a los presentes ya identificados, la obligatoriedad que tiene la Gobernación del Estado Táchira de dar cumplimiento y acato inmediato a la Acción Amparo Constitucional declarada con lugar por el JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN LOS ANDES, a favor de los ciudadanos: ANA COROMOTO MARTÌNEZ DE CONTRERAS, CARLOS AZÒCAR PADILLA, BLANCA ISABEL CAICEDO ROJAS, EDGAR DEL CARMEN NAVARRO GARCÌA, ya identificados, la cual ordena el cumplimiento inmediato a la Providencia Administrativa N° 340-2009 dictada por la Inspectoría del Trabajo General Cipriano Castro del Estado Táchira, de fecha 19 de marzo de 2009 en todas y cada una de sus partes; advirtiéndole que el presente Amparo Constitucional debe ser acatado inmediatamente, so pena de incurrir en desacato de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 31 de la Ley Orgán.....

El Tribunal deja constancia que a partir de la presente fecha quedan reintegrados a sus funciones normales en las mismas condiciones en que venían desempeñando para el momento del despido, los mencionados Trabajadores, ISABEL MORA, JUDIT ALMAR BETANCOURT SILVA; MARIA CONCEPCION VILLAMIZAR, ZULY MORAN PACHECO, JOSE PRIMITIVO MONSALVE, MARÌA NATIVIDAD GARCÌA; ya identificados; Respecto a los trabajadores JUAN CARLOS VIVAS ALTAMIRANDA Y MARÌA ALEJANDRA SOLANO, ya identificados, este Tribunal deja constancia, que tal como lo expusieron los Procuradores del Trabajo, los referidos ciudadanos manifestaron ante este Tribunal su voluntad en forma libre de no reengancharse a sus funciones, mas si al cobro de sus salarios caídos y demás conceptos patrimoniales; en consecuencia debe proceder la Gobernación del Estado Táchira al pago de los salarios caídos y demás conceptos patrimoniales conforme lo ordena el Tribunal de la Causa de todos los querellantes en la presente Acción de Amparo.

Vista la diligencia de fecha 05/06/2012, que corre inserta al folio 30, donde el abogado ANTONIO JOSE LINARES COLMENARES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 56.186, quien actúa con el carácter de apoderado judicial de la parte demandante, DESISTE DE LA ACCION DE REINTEGRO, el Tribunal para resolver observa: El artículo 154 del Código de Procedimiento Civil dispone: "El poder faculta al apoderado para cumplir todo los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma, pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa". Evidenciándose, con lo anteriormente transcrito que el abogado ANTONIO JOSE LINARES COLMENARES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 56.186, con el carácter de apoderado judici.....