En estos términos queda efectuada la Inspección Judicial sobre el inmueble antes identificado, sin emitir ningún pronunciamiento sobre el fondo del asunto, Es todo. No siendo más el Tribunal concluye el acto a la 03:15 p.m. y regresa a su sede. Terminó, se leyó y conformes firman.

En el caso que nos ocupa, se puede verificar que desde el día 06/11/2014 (folio -16-); fecha en la cual consta diligencia suscrita por el alguacil adscrito al Tribunal Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Cárdenas, Guasimos y Andrés Bello de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, quien expuso el motivo por el cual fue imposible la practica de la citaciones ordenadas, hasta la presente fecha ha transcurrido un total de: Un (01) año, y Cinco (05) meses; sin que conste en autos ningún acto procesal por parte del actor para el logro de la citación de la parte demandada durante los días arriba mencionado; es decir, mas de un año sin que se evidencie actuaciones procesales por parte del demandante en lo relativo al impulso procesal de la citación de la parte demandada, demostrando al Tribunal una falta de interés en la continuación de la presente causa y sus resultas, ya que el deber ser de toda causa judicial es llevarla hasta su consecución final como.....

En consecuencia, no es este juzgado el idóneo constitucional y legalmente para conocer de la presente causa. Así mismo, conforme a la Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 02 de junio de 2015, donde establece que el procedimiento de DIVORCIO fundamentado en los artículos 185 y 185-A del Código Civil, es jurisdicción voluntaria, no contenciosa, aún haya que practicar la citación de alguno de los cónyuges, en todo caso, dicha citación debe ser practicada por el Tribunal de Municipio con competencia en materia de Divorcio, por lo que, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, con sede en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, DECLINA LA COMPETENCIA de la presente causa, en un Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a quien corresponda por distribución, para que sea el juez de dicho Juz.....

ste JUZGADO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CÓRDOBA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY HOMOLOGA dicho acuerdo y se le imparte fuerza ejecutiva de conformidad con la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, quedando establecido: PRIMERO: Se establece la cuota de la obligación de manutención en la suma de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs.5.000,00) mensual, los cuales serán descontados de su cuenta nomina como Funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, además cancelara el 50% de las facturas presentadas por la demandante que ascienden a la suma de Tres Mil Trescientos Noventa y Nueve Bolívares con Cuarenta y Cuatro Céntimos (Bs. 3.399,44). SEGUNDO: En los meses de agosto y diciembre los gastos de útiles escolares, uniformes, así como vestido y obsequio navideño serán cubiertos en un 50% cada uno. Además, de los bonos escolar y j.....

este TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CORDOBA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY HOMOLOGA los puntos acordados por las partes de la audiencia conciliatoria y se le imparte fuerza ejecutiva de conformidad con el Articulo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes, en consecuencia queda establecido: PRIMERO;"El ciudadano JUAN CARLOS GARCIA SANABRIA se comprometió a depositar como Obligación de Manutención para sus hijos la cantidad de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000.00) mensuales, los cuales serán depositados, los primeros diez días de cada mes. SEGUNDO: En época de inicio de año Escolar las partes se comprometen en pagar en igualdad de condiciones, es decir, 50% cada uno los gastos de uniformes escolares y útiles escolares de sus hijos. TERCERO en el mes de Diciembre El padre se compromet.....

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, resuelve lo siguiente: PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento judicial. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Conforme a lo expuesto, debe concluir entonces esta Sentenciadora que los denunciantes de fraude no tienen el interés procesal que se requiere para accionar, toda vez que por una parte, existe una sentencia definitivamente firme, de la cual ejercieron los recursos procesales de los que disponían, salvo el recurso de apelación contra la inadmisibilidad de la acción de amparo, el cual no fue debidamente ejercido, razón por la cual quedó firme, y por tanto, pasó a ser cosa juzgada; y por otra parte, porque no existen elementos que permitan inferir las presuntas maquinaciones y artificios generados por la Juez Ana Lola Sierra, en detrimento de la parte aquí accionante. Y peor aún, considera la Juzgadora, que los denunciantes son quienes están utilizando el proceso para un fin diferente al que se administre justicia, pretendiendo hacer surgir una apariencia de acción y de proceso, al poner en marcha la función jurisdiccional, la cual realmente no existe, ya que efectivamente no se está busc.....

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Tórbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Inadmisible la demanda de RENDICIÓN DE CUENTAS, interpuesta por los ciudadanos JIPSSY M. ABREU C. y PABLO A. OVALLES P, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédula de identidad N° V-8.104.239 y V-6.869.501, en su orden, asistidos por la abogada en ejercicio, ATOS ZAPPI MORILLO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-14.460.143 e inscrito en el Inpreabogado bajo N° 97.395, contra la JUNTA DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO RESIDENCIAS ARANJUEZ SUITE, representada por las ciudadanas BETRIZ CELIMEN, CARMEN RAMONA DIAZ DE ÁNGEL, YAMILE CHACÓN DE ZAMBRANO, INÉS FERRERO K, ANA MARGARITA HINOJOSA, CL.....

En consecuencia este JUZGADO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA las presentes diligencias suficientes para asegurarle a los ciudadanos: CARMEN YARISNEY GARCIA CONTRERAS, KELLY YUCCEHT GARCIA CONTRERAS, YURKY MARYOLY GARCIA CONTRERAS, WILMER YOVANI GARCIA CONTRERAS, MARIANY YANISA GARCIA CONTRERAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad, V-14.984.895, V-15.438.002, V-18.790.377, V-16.958.416, V-21.419.149; en su condición de Hijos del causante POLICARPO GARCIA ATUESTA, el carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS; y así se decide.- De conformidad con el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, se deja a salvo todo derecho de terceros.

VI DECISIÓN En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Construcciones Metálicas Occidente, C.A., (COMOCA) contra el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales en fecha 25 de noviembre de 2009. SEGUNDO: SE CONFIRMA la Certificación Médico Ocupacional N° 0147/2008, de fecha 08/09/2008, Asunto TAC-39-IE-07-0926, emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Táchira y Municipios Páez y Muñoz del Estado Apure. Publíquese y regístrese. Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al libro respectivo. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de.....