Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, LE IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN A LA TRANSACCIÓN realizada por el abogado ELBANO CARRILLO RIVAS, en su carácter de apoderado del ciudadano ALVARO ANTONIO SÁNCHEZ GUERRERO, (parte actora), y por los ciudadanos MANUEL MARIA MADRID RAMIREZ y SOYIED DEL VALLE CASANOVA SÁNCHEZ, asistidos por la abogada ZULMA LISBETH CACERES GELVEZ, (parte demandada), por cuanto versa sobre materias en las cuales no están prohibidas las transacciones y por tanto se procede como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. No se archivará el expediente hasta tanto conste en autos la total y definitiva cancelación de la obligación.

Considerando que dicha articulación tuvo como finalidad el dilucidar los lapsos y sitios de residencia de la niña: DIANA STHEFANIA HERRERA GALVIS por cuanto se pudo demostrar que la misma tuvo su domicilio o residencia hasta el día 15 de Marzo de 2005 en San Cristóbal Estado Táchira, y es a partir del día 31 de Marzo del año 2005 donde se ratificó la guarda a su progenitora, quien tal y como se evidencia en autos tiene su residencia en Valencia Estado Carabobo y quien determina como facultad de la guarda el domicilio de la niña; por tanto de conformidad al artículo 453 de la ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente que señala: "Competencia. El Juez competente para los casos previstos en el artículo 177 de ésta ley será el de la residencia del niño o adolescente, excepto en los juicios de divorcio o de nulidad del matrimonio, en los cuales el Juez competente será el del domicilio conyugal", es por lo que ésta Jueza Unipersonal Nro. 2 de la Sala de Juicio del Tribunal d.....

PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por la representación judicial de la parte demandada mediante diligencia de fecha 22 de febrero de 2002. SEGUNDO: CONFIRMA con distinta motivación la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 22 de noviembre de 2001, que homologó el acto de autocomposición procesal celebrado ente la sociedad mercantil HUNTSMAN ICI COLOMBIA LIMITADA y SUELAS Y MANUFACTURAS S.A. en fecha 26 de junio de 2001, en los términos y condiciones por ellas expresados, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso a la parte demandada apelante.

RESOLVIÓ: PRIMERO: ADMITE totalmente LA ACUSACIÓN contra JOSÉ ANGEL GARCIA RUIZ de condiciones civiles y personales constantes en las actuaciones por la comisión del delito de a quien el Ministerio Público le imputa la comisión del delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal, cometido en las circunstancias de tiempo, modo y lugar establecidos en el Escrito de Acusación; SEGUNDO: En cuanto a las pruebas promovidas por el Fiscal Quinto del Ministerio Público en su escrito de acusación es necesario analizar cuales son conducentes y pertinentes. Las pruebas son PERTINENTES cuando están orientados a la demostración de algo inmediato y especifico (hecho punible, culpabilidad, etc), tener relación lógica con lo que es objeto de prueba, referirse directa o indirectamente a lo que el proceso requiere saber, incidir en el fondo de los asuntos debatidos. La CONDUCENCIA de la prueba se refiere a la capacidad o idoneidad probatoria del medio empl.....

Se declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la decisión recurrida

DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DÉCIMO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida al ciudadano LUIS ALFONSO SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la Avenida Ferrero Tamayo, casa N° 0-194, San Cristóbal, Estado Táchira por el delito de AMENAZA DE MUERTE, previsto y sancionado en el artículo 176 último aparte del Código Penal, en Perjuicio de RODOLFO ENRIQUE ARAUJO PAREDES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 3.461.211, domiciliado en la calle 3, N° 5-21, Sabana de Blanco, La Pastora, Caracas, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 108 ordinal 6° del Código Penal. Notifíquese de la presente decisión y remítanse las actuaciones al Archi.....

DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DÉCIMO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida a ciudadano DESCONOCIDO, por el delito de LESIONES GRAVES, previsto y sancionado en el 417 del Código Penal, en perjuicio de JOSE ARMANDO BAUTISTA URIBE, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 109.213.462, domiciliado en el Barrio Monseñor Ramírez, vereda 5, N° 1-30, San Cristóbal, Estado Táchira, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 108 ordinal 5° del Código Penal. Notifíquese de la presente decisión y remítanse las actuaciones al Archivo Judicial, una vez quede firme la presente decisión ABG. LISANDRO SEIJAS GONZÁLEZ JUEZ DÉCIMO DE CONTROL

DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DÉCIMO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida a ciudadano DESCONOCIDO, por el delito de HURTO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 454 ordinal 8° del Código Penal, en perjuicio de FRANCISCO JAVIER PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 10.147.971, domiciliado en el Barrio Monseñor Briceño, calle 14, con carrera 8, N° 7-80, Táriba, La Fría, Estado Táchira, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 108 ordinal 4° del Código Penal. Notifíquese de la presente decisión y remítanse las actuaciones al Archivo Judicial, una vez quede firme la presente decisión ABG. LISANDRO SEIJAS GONZÁLEZ JU.....

DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DÉCIMO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida al ciudadano CHARLIS JAVIER CHACON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.235.628, domiciliado en San Josecito, parte alta, sector 1, vereda 34, casa sin número, Estado Táchira, por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado en el artículo 20 De La Ley Sobre Violencia Contra la Mujer y La Familia , en perjuicio de SULHEIMARIN TARAZONA DE CHACON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 13.145.873, domiciliada en San Josecito, parte baja, sector San José Obrero, casa sin número, Municipio Torbes, Estado Táchira, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artí.....

DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 1 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, con fundamento en los artículos 19, 27, 44, 49, 254, y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 9, y 243 del Código Orgánico Procesal Penal declara SIN LUGAR el pedimento de la Fiscalía, por cuanto se trata de una LIBERTAD PLENA, y esta no puede ser revocada.