este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. DECIDE: PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del imputado DURÁN SÁNCHEZ WILMER ENDERS, en la comisión del delito APROVECHAMIENTO DE OBJETO PROVENIENTE DE DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que el imputado fue aprehendido en posesión de un vehículo que se encuentra solicitado por la Sub Delegación Guarenas del Estado Miranda, según causa Nº H-002960, de fecha 23 de mayo de 2005, por el delito de .------------------------------ SEGUNDO: Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 372 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión de las actuaciones.....

HOMOLOGADA

SE DECLARÓ CON LUGAR LA ACCIÓN INTENTADA

este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCIÓN INTENTADA por la ciudadana YUSMARY COROMOTO EVIA HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad Nro.V-12.816.926, contra el ciudadano ALBINO ANTONIO DUQUE COLMENARES, titular de la cédula de identidad Nro.V-9.218.829, en su condición de propietario del Fondo de Comercio REPRESENTACIONES EL JAGUAR, por Prestaciones Sociales, condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos: 1) ANTIGÜEDAD: Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo: A- Desde el 10-05-2002 hasta 30-09-2002 correspondiéndole 5 Días a razón de Bs.5.300 diarios, lo que da un total de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.26.500). B- - Desde el 01-10-2002 hasta 30-04-2003 correspondiéndole 30 Días a razón de Bs.5.808 diarios, lo que da un total.....

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, LE IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN A LA TRANSACCIÓN, realizada por las partes en la presente causa, dándole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, se levanta la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por este Tribunal, en fecha 16 de febrero de 2004. Ofíciese lo conducente. Se ordena hacer entrega de la letra de cambio que se encuentra en la caja fuerte del Tribunal, a la avalista co-demandada ciudadana María Erminda Plata de Ortiz. Se da por terminado el presente juicio y se ordena el archivo del expediente. Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal._

PRIMERO: la CONFESION FICTA de la parte demandada ciudadana GREGORIA DEL CARMEN CONTRERAS URBINA, venezolana, mayor de edad. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda propuesta por los ciudadanos EDUARDO SANTOS CASTILLO y RODRIGO CASANOVA MORA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-1.732.359 y V-3.618.787, contra GREGORIA DEL CARMEN CONTRERAS URBINA, venezolana, mayor de edad, por REIVINDICACION.

.. En este estado el Tribunal deja expresa constancia que la querellada LUZ MIREYA MÉNDEZ REY, recibe en este acto el dinero ofrecido por el querellante, y seguidamente procedió al retiro voluntario de sus bienes y pertenencias existentes dentro del inmueble,

PRIMERO: Se declara con lugar la apelación interpuesta por las Abogadas: WENDY MIRLAY PRATO CABALLERO y ANGELICA ZULAY SABOGAL LIZARAZO, inscritas en el I.P.S.A bajo los Nº 104.635 y 97.837 respectivamente, en su carácter de Apoderadas Judiciales de la ciudadana MARIA TERESA URIBE DE SARMIENTO, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad Nº V- 1.582.756, domiciliada en la ciudad de San Antonio, Municipio Bolívar, contra la decisión emanada del Juzgado del Municipio Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 17 de noviembre de 2004. SEGUNDO: Se declara con lugar la demanda de desalojo incoada por las Abogadas WENDY MIRLAY PRATO CABALLERO y ANGELICA ZULAY SABOGAL LIZARAZO, ya identificadas, en su carácter de apoderadas judiciales de la ciudadana MARIA TERESA URIBE DE SARMIENTO, ya identificada, contra la ciudadana MARIA JACQUELIN ZERPA DE GRANADOS, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad Nº V- 9.132.676, con domicilio en San Antonio, Muni.....

RESUELVE: PRIMERO: OTORGAR la Medida de LIBERTAD CONDICIONAL al penado MARIO JESUS GUEVARA GABANZO, de condiciones civiles y personales que constan en la providencia, pues se cumplen las exigencias concurrentes que la ley prescribe en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal, para que en el presente caso se pueda conceder la LIBERTAD CONDICIONAL a que aspira el penado. SEGUNDO: IMPONER las condiciones a las cuales debe someterse MARIO JESUS GUEVARA GABANZO. A lo cual se le impone: 1. No salir de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira sin autorización del Tribunal. 2. No cambiar de residencia sin autorización del Tribunal. 3. No frecuentar lugares donde se expendan o consuman bebidas alcohólicas. 4. No frecuentar lugares donde se expendan o consuman sustancias estupefacientes o Psicotrópicas. 5. No frecuentar a personas que realicen actividades delictivas. 6. Cumplir con las condiciones que le establezca el Delegado de Pruebas designado. TERCERO: El laps.....

Primero: Declara inadmisible el recurso de amparo constitucional interpuesto por el ciudadano Guillermo Armeta, colombiano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E-82.094.775, a través del abogado Adolfo Granados, contra la determinación dictada el 24 de noviembre de 2005, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por falta de legitimación del mencionado abogado Adolfo Granados, para intentar la presente acción de amparo constitucional. Segundo: Levanta la medida innominada dictada por este Tribunal Superior, en fecha 13 de diciembre de 2005. Tercero: No hay condenatoria en costas. Cuarto: Remítase a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Táchira, con oficio, copia certificada de la presente sentencia.