Primero: Se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional presentada por la abogada SANDRA MILENA CODEZZO CASTILLO, con el carácter de defensora del ciudadano JUAN MANUEL ROJAS LOAIZA, mediante la cual, denuncia la presunta violación a garantías constitucionales, por parte de la Doctora María Iris Varela Rangel, Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Segundo: Se acuerda remitir las actuaciones a la Honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el numeral 18 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es el órgano competente para decidir la acción de amparo presentada.

DECISIÓN: Por las razones que anteceden, esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Declara, de oficio, la NULIDAD ABSOLUTA de la decisión dictada el 19 de abril de 2015, publicada el día 20 de abril del año en curso, por el Abogado Abel Darío Zambrano, en su condición de Juez Itinerante del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en delitos Económicos y Fronterizos de San Antonio del Táchira, de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, entre otros pronunciamientos, resolvió respecto de la calificación de flagrancia en la aprehensión de los ciudadanos Jesús Antonio García Melo, Laura Natali Uribe, William Alexander Contreras García, Pedro Antonio García Melo, y Yovanny Rios Prato, Carlos Jaimes, Luis Alejandro Cortes Sánchez; ordenó la prosecución de la presente causa, por .....

DECISION Por los anteriores razonamientos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve lo siguiente: ÚNICO: Homologa el Desistimiento al recurso de apelación que fuera interpuesto en su oportunidad por la Abogada Dorcy Osvaira González Casique, conforme al artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal, dándole autoridad de cosa juzgada.

Primero: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Gregorio Alfredo Molina, Fiscal de la Sala de Flagrancias del Ministerio Público, contra la decisión de fecha 09 de mayo de 2015, publicada el 11 del mismo mes y año, dictada por el abogado Eliseo José Padrón Hidalgo, Juez de Primera Instancia en función de Control N° 8 de este Circuito Judicial Penal, durante la audiencia de presentación de detenido, calificación de flagrancia e imposición de medida de coerción personal, mediante la cual, otorgó medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, luego de desestimar la aprehensión en flagrancia por la comisión de los delitos de asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y contrabando de combustible en la modalidad de comercialización, previsto y sancionado en el artículo 20 numeral 14 de la Ley Sobre Delitos de Contrabando. Segundo: Confirma en todas .....

Por los fundamentos expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la inhibición presentada por la Abogada Cleopatra Avgerinos Pineda, en su condición de Jueza de Primera Instancia en Función de Juicio número 5 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, por estar comprendida en los supuestos de hecho previstos en el artículo 89.7 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose que la causa sea pasada a otro Juez o Jueza de Juicio de este Circuito Judicial Penal para su conocimiento.

ÚNICO: DECLARA INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el Abogado Daniel Eduardo Díaz Varela, actuando en su carácter de defensor de la ciudadana Diana Marcela Vega Cifuentes, se declara inadmisible, conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.