Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGU-RIDAD Nº 2 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: DECLARA EL CUM-PLIMIENTO DE LA CONDENA IMPUESTA al ciudadano RODOLFO OREZANO, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V.- 10.850.924, residenciado en Barrio San Cristóbal, vereda 1, Nº 1-16, Avenida Marginal del Torbes, bajando por la PTJ, San Cristóbal, Esta-do Táchira, de OCHO AÑOS DE PRISION, por el delito de TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y en con-secuencia se decreta SU LIBERTAD PLENA y la EXTINCIÓN DE LA RESPONSA-BILIDAD PENAL, derivada de la comisión del tal hecho punible, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal. Líbrese las respectivas notificaciones.

PRIMERO: SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano WITER EDMUNDO MEDINA MEDINA asistido inicialmente y luego representado por el abogado GONZALO JAVIER JIMENEZ DOMINGUEZ, contra la Alcaldía del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira en la persona del Alcalde, Ingeniero GERARDO WILLIAM MENDEZ GUERRERO, representada por el Síndico Procurador Municipal, abogado FRANKLIN ALBERTO PINEDA CARVAJAL. En consecuencia, se CONDENA a la parte demandada Alcaldía del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, a pagarle al accionante WITER EDMUNDO MEDINA MEDINA, la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLIVARES CON CUARENTA CENTIMOS (Bs. 3.616.946,40) que comprenden los salarios retenidos desde el 07/01/2002 hasta el 07/08/2003, a razón de CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (Bs. 190.365,60) mensuales. UNICO: Expresamente hace constar el tribunal, que como en el presente expedient.....

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada. Se acuerda en este mismo acto la devolución de las pruebas presentadas por las partes: De la parte demandante, escrito de pruebas constante de siete (07) folios útiles y tres (03) anexos marcados con las letras A, B y C, constantes de noventa y cuatro (94) folios útiles, para un total de ciento un (101) folios útiles y de la parte demandada escrito de pruebas constante de tres (03) folios útiles y siete (07) anexos marcados con las letras A, B, C, D, E, F y G, constantes de trescientos veintidós (322) folios útiles, para un total de trescientos veinticinco (325) folios útiles. Se ordena no archivar el presente asunto hasta tanto conste en autos el total cumplimiento del acue.....

III DISPOSITIVO Por las razones antes aducidas, este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de apelación interpuesto en fecha 10 de enero de 2005, por OSCAR PEDROZA HERNANDEZ, Abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº. 20.459, en su carácter de apoderado judicial del demandante ciudadano DANIEL CISNERO MORALES, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 21 de diciembre de 2004. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda propuesta por el ciudadano DANIEL CISNERO MORALES, venezolano, mayor de edad, identificado con la Cédula de Identidad Nº. 8.678.344, contra la ASOCIACION CIVIL SAN CRISTOBAL COUNTRY CLUB, la cual se encuentra ubicada al final de la calle princ.....

Indicando en este sentido la doctrina que la medida de Secuestro es ajena a la vía de caucionamiento, en virtud de que la Ley considera que la prueba de existencia del derecho reclamado es necesaria e insustituible por una garantía, ello porque en el caso del secuestro, la cosa es el objeto del litigio. De tal manera, que, analizada como ha sido la solicitud, concatenándola con la norma en la que se fundamenta el solicitante, se hace fácil observar que lo solicitado por la ciudadana CARMEN MARITZA DÍAZ DE ROSAS, se encuentra en franca contradicción con la disposición legal, en tal virtud se declara improcedente la fijación de caución, y así se decide.

Oída por las partes las sugerencias de la titular de este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Transición del Circuito Laboral del Estado Táchira; el demandante manifestó que acepta conforme la propuesta realizada por la Juez y la parte demandada e igual declara estar conforme con lo propuesto, y señala que no restaría monto alguno a su favor por lo reclamado en el líbelo de la demanda; y por ende este Tribunal HOMOLOGA el acuerdo celebrado entre las partes y le otorga el carácter de cosa juzgada, dándose por concluido el presente proceso, de conformidad con lo establecido por el artículo 133 de La Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se ordena expedir dos (2) copias certificadas y el archivo del expediente. Es todo, termino se leyó y conformes firman. Dra. Yalena Mora La Juez Abog. Nory C. Gotera .....

EJECÚTESE LA MEDIDA IMPUESTA Y HÀGASE EL CÓMPUTO DE LEY EN LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE, de conformidad con lo establecido en el artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, de la revisión del escrito libelar y de los recaudos que la acompañan, se observa que la ciudadana MARGIORY MIROSLAVA MARTÍNEZ RAMÍREZ, además de proceder por sus propios derechos, actúa en nombre y representación de sus hermanas, ciudadanas MAGDELÍN MARISOL MARTÍNEZ RAMÍREZ y MARILÍN MARIBEL MARTÍNEZ DE RONDÓN, sin que conste que sea abogada, contraviniendo lo expresamente establecido por el legislador y desarrollado por la doctrina del alto tribunal; en tal virtud, se concluye que la por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, DECLARA INADMISIBLE la demanda que por DESALOJO, ha interpuesto la ciudadana MARGIORY MIROSLAVA MARTÍNEZ RAMÍREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.215.531 y de este domicilio, quien actúa por sus propios derechos y en nombre de sus hermanas, ciudadanas MAGDELÍN MARISOL MARTÍNEZ RAMÍREZ y MARILÍN MARIBEL MARTÍ.....

Por los razonamientos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en sede Civil, DECLARA: PRIMERO: LA CONFESIÓN FICTA del demandado, ciudadano JOSÉ HERNÁN VILLA, colombiano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad N° E-81.777.522 y de este domicilio, en su carácter de ARRENDATARIO. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadana LAURA ESMERALDA GUERRERO SIERRA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° V-10.174.639 y de este domicilio, en su carácter de PROPIETARIA - ARRENDADORA, contra el ciudadano JOSÉ HERNÁN VILLA, en su carácter de ARRENDATARIO, por DESALOJO. TERCERO: SE CONDENA al demandado JOSÉ HERNÁN VILLA, a hacer entrega a la demandante LAURA ESMERALDA GUERRERO SIERRA, de: a) el inmueble arrendado totalmente desocupado, el cual .....

Sentencia que declara: 1º SIN LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por el abogado JUAN DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, con el carácter de autos, en fecha 19 de octubre de 2004, ratificada el 28 de octubre de 2004, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 11 de octubre de 2004. 2º CONFIRMA la sentencia dictada por el a quo en fecha 11 de octubre de 2004, que declaró con lugar la cuestión previa interpuesta y prevista en el ordinal 10 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por la caducidad de la acción establecida en la Ley. En consecuencia, desechó la demanda y extinguió el proceso. 3º SE CONDENA EN COSTAS del juicio y del recurso a la parte actora de conformidad con los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencida y haberse confirmado el fallo apelado. Se CONFIRMA la decisión apelada.