En mérito de las anteriores consideraciones, es por lo que ésta Jueza Unipersonal Nº 2 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la solicitud presentada por el ciudadano: HEBERT ALFONSO TESORERO GOMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.231.174, a quien se le otorga de manera compartida con la ciudadana: NEYDA MARIELA DUQUE LOPEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.245.557 el ejercicio de la Patria Potestad sobre su hijo: ALFONSO JOSE DUQUE LOPEZ a partir de la presente fecha. Y ASI SE DECLARA. Entréguese al interesado por secretaría copia certificada de la presente decisión. Cúmplase. Regístrese, publíquese y déjese copia para el archivo de la Sala. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Juicio del Tri.....

Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL NUMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: UNICO: NIEGA LA SOLICITUD DE APREHENSION , en contra de MISAEL HERNANDEZ, de nacionalidad colombiana, natural de Piedecuesta Departamento Norte de Santander Colombia, de 38 años de edad, de fecha de nacimiento 31-01-1966, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, reside en el Barrio La Popita parte alta casa N° 7-18 San Antonio del Táchira, indocumentado pero dice ser titular de la cedula de ciudadanía N° C.C 13.172.339, solicitada por la Representante del Ministerio Público, Abogada ANA YNGRID CHACON MORALES, Fiscal Auxiliar Vigésima Sexta del Ministerio Público, POR IMPROCEDENTE, de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y 253 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

Por todos los fundamentos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL DEL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DE ADO-LESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, administrando justicia en nombre da la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA EL SO-BRESEIMIENTO DEFINITIVO, de la presente causa, a favor del adolescente (Identidad omitida articu-lo 545 de la Lopna); a quien se le investigaba por la comisión del delito de CONTRABANDO, previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Aduanas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; de confor-midad con el ordinal 2º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal y no de conformidad con el ordinal 1º del artículo 318 ejusdem, tal y como lo planteó el Ministerio Público. Notifíquese de la presente decisión a las partes. Una vez firme la presente decisión, remítanse las presentes actuaciones al Archivo Judicial. REGISTRESE Y DEJ.....

consecuencia, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 9 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: PRIMERO: DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, por encontrarse evidentemente prescrita, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 ORDINAL 8 del Código Orgánico Procesal Penal; y en consecuencia, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor de WAINER ANDRÉS CHÁVEZ RODRÍGUEZ, por la presunta comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del Código Penal, en perjuicio de LUIS ENRIQUE CARRERO GONZÁLEZ, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, Publíquese y notifíquese a las partes, conforme al artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Déjese copia de la presente decisión y remítase a.....

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, a favor de MARCO AURELIO OLEGO, por el delito AMENAZAS Y VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en los artículos 16 Y 17 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la familia, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 108.5 del Código Penal. Notifíquese de la presente decisión y remítanse las actuaciones al Archivo Judicial, una vez quede firme la presente decisión.-

Decisión que declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana Carmen Maritza Díaz de Rosas, en fecha 30 de junio de 2005, contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial en fecha 29 de junio de 2005. INADMISIBLE la demanda de amparo interpuesta por la ciudadana Carmen Maritza Díaz de Rosas, asistida por el abogado Gerónimo Andrés Domínguez Guillén, en fecha 30 de junio de 2005, contra la decisión dictada por ese Tribunal en fecha 29 de junio de 2005, en la cual declaró inadmisible el Recurso de Amparo Constitucional. Aunque con motivaciones distintas queda así confirmada la decisión apelada.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL DEL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, Administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley decide: Primero: Admite totalmente la acusación presentada por la Fiscalía Decimonovena del Ministerio Público, en contra del adolescente (Identidad Omitida Art. 545 Lopna); a quien el Ministerio Público le imputa la presunta comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 277 del Código Penal Reformado, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO; de conformidad con el literal "a" del artículo 578 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Segundo: Declara con lugar el procedimiento por admisión de los hechos, de conformidad con el literal "f" del artículo 578 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Te.....

Decisión que declaró: SIN LUGAR LA APELACIÓN interpuesta en fecha 10 de junio de 2005 por el abogado Manuel Trujillo, contra el auto dictado en fecha 02 de junio de 2005, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en cuanto a negar la solicitud de medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar. CONFIRMA el auto dictado en fecha 02 de junio de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial donde niega la medida solicitada por no encontrarse llenos los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

este TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRAN-DO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Decide: UNICO: Amplia el Régimen de Prueba por un (1) año más, es decir hasta el Nue-ve (9) de Agosto de 2006; del imputado: MORA GARCIA TONNY ALEXAN-DER, de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, mayor de edad, nacido en fecha 20-07-1978, titular de la cédula de identidad Nº V.-13.635.614 soltero, de profesión u oficio Carpintero, residenciado en la calle principal La Machi-ri, casa Nº 2, Vía Principal, Municipio Cárdenas del Estado Táchira, por la presunta comisión del delito de ACTO CARNAL previsto y sancionado en el artículo 379 del Código Penal en perjuicio de la adolescente Omaira del Carmen Colmenares Mojica.

CALIFICA LA FLAGRANCIA en la aprehensión del imputado LIBARDO ENRIQUE OCHOA AGUILAROrdena la prosecución de la presente causa por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIODECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD a los imputados LIBARDO ENRIQUE OCHOA AGUILARCUARTO: SE ACUERDA OFICIAR AL CÓNSUL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,Se ACUERDA mantener privados judicialmente a los ciudadanos LIBARDO ENRIQUE OCHOA AGUILAR, y OBDULIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, hasta tanto cumplan con la medida cautelar impuesta