PRIMERO: LA CONVERSION EN DIVORCIO de la separación de cuerpos y de bienes de los cónyuges ciudadanos JAIRO MANUEL ESCALANTE DIAZ y KATHERINE ANDREA MEDINA DUARTE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-16.656.435 y V-20.624.391 respectivamente y con domicilio en el Municipio San Cristóbal Nuevo del Estado Táchira, la cual fue decretada el día veinte (20) de junio del año dos mil dieciséis (2016). SEGUNDO: Queda disuelto el vínculo matrimonial contraído entre ellos, mediante acta de matrimonio Nro. 94, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil catorce (2014), ante el Registro Civil del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira

DISPOSITIVO Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, actuando en su competencia, decide: PRIMERO: Se decreta con lugar la solicitud de MANTENIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN Y A LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA solicitada por las abogadas Geraldine Josefina Chiquito Varela y Karla Beatriz Chacón Sandrea, en su carácter de apoderadas judiciales de los ciudadanos Anastacio Rosales Rosales y Sirenia Casanova de Rosales. SEGUNDO: En consecuencia, se decreta el MANTENIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN Y A LA SEGURIDAD AGROALIMENTARIA, sobre los tres lotes de terreno ubicados en la vía principal Casa del Padre, sector el Censo, Aldea el Molino, Municipio Lobatera del Estado Táchira. TERCERO: LA PRESENTE MEDIDA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE OCHO (08) MESES CONTADO A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE FALLO, EXHORTANDO A L.....

JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declaró: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida mediante diligencia presentada en fecha treinta (30) de mayo de 2019 por la co-apoderada de la parte demandada contra el auto proferido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial el día tres (03) de mayo de 2019. SEGUNDO: SE CONFIRMA el auto proferido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial el día tres (03) de mayo de 2019. TERCERO: SE CONDENA en costas procesales a la parte demandada de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. Quedó así CONFIRMADO el auto recurrido.

El JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, dio por consumado el CONVENIMIENTO y de conformidad con lo establecido en los artículos 256 y 264 del Código de Procedimiento Civil, le imparte su HOMOLOGACIÓN con todos los efectos de Ley y se le otorga el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa Juzgada.

PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR la solicitud de rectificación del Acta de Nacimiento Acta de Nacimiento No. 82, de fecha 20/03/1968, por ante el Corregimiento del Piñal, Municipio Cárdenas, cuya copia certificada fue emitida por el Registro Civil del Municipio Fernández Feo del estado Táchira; correspondiente a la ciudadana ANA VICTORIA CAMPEROS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-27.052.504.

PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR la solicitud de rectificación del Acta de Nacimiento Acta de Nacimiento Nº 344, de fecha 23/11/1965 por ante el Corregimiento del Piñal, Municipio Cárdenas, cuya copia certificada fue emitida por el Registro Civil del Municipio Fernández Feo del estado Táchira; correspondiente a la ciudadana CARMEN ALICIA CAMPEROS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-11.493.069.

DECISIÓN Por las razones que anteceden, esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: UNICO: declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jesús David Pérez Morales, en su carácter de víctima, contra la decisión dictada por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en fecha 04 de septiembre de 2019, mediante la cual, declaró inadmisible la recusación presentada por el prenombrado abogado, todo ello por falta de fundamento legal en la misma.

declara Con Lugar la inhibición presentada por la Abogada Beberlyn Álvarez Espinel, Jueza Provisoria Tercera de Primera Instancia en Función de Control de la Sección Penal del Adolescente de este Circuito Judicial Penal, por estar comprendida en los supuestos de hecho previstos en el artículo 89.7 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose que la causa sea pasada a otro Juez de Control de este Circuito Judicial Penal para su conocimiento.

Decreta medida de protección y seguridad a favor de la victima al imputado de autos, imponiéndosele al agresor el cumplimiento de las siguientes obligaciones: NUMERAL 5: Prohibir o restringir al presunto agresor, el acercamiento a la mujer agredida; en consecuencia imponer al presunto agresor la Prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida. Y, NUMERAL 6: Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Especial que rige la materia, hacia la víctima Yenys Morelis Torre Campo, entendiéndose las mismas de aplicación inmediata, ordenándose la notificación a la víctima de las medidas impuestas al presunto agresor.

Se decreta medida de protección y seguridad a favor de la victima, al imputado de autos: imponiéndosele al agresor el cumplimiento de las siguientes obligaciones: NUMERAL 6: Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia. Y NUMERAL 13: Cualquier otra medida necesaria para la protección de todos los derechos de las mujeres víctimas de violencia y cualquiera de los integrantes de la familia, a tenor de lo establecido en el artículo 90 de la Ley Especial que rige la materia.