En consecuencia, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN PRESENTADA POR EL MINISTERIO PUBLICO conforme con lo establecido con el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal en contra de los imputados FABIO FUENTES PORRAS, y ELVER JESUS ARIAS SANABRIA, por la comisión del delito de CONTRABANDO DE EXTRACION, previsto y sancionado en el artículo 2 de la Ley Sobre el delito de Contrabando, en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad a lo establecido en el numeral 2, del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: ADMITE TOTALMENTE LAS PRUEBAS ofrecidas por el Ministerio Publico, por ser útiles, necesarias y pertinentes; de conformidad a lo establecido en el numeral 9, del artículo 330 del Código Orgá.....

PRIMERO: Declara sin lugar la apelación interpuesta por la sociedad mercantil J. RIOS SISTEMAS., en la persona de su presidente JOSÉ ALI RIOS ORTEGA, ya identificado, por inconformidad con lo resuelto por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, en auto de fecha 2 de octubre de 2007 que NIEGA las pruebas promovidas por extemporáneas. SEGUNDO: Confirma la decisión apelada dictada por el Juzgado de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, el 2 de octubre de 2007.

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ana Gamboa, Fiscal Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. SEGUNDO: REVOCA en todas sus partes la decisión dictada en fecha 08 de noviembre de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia en Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N° 4 de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual otorgó al penado GIOVANNY ISIDRO HERNANDEZ FUENTES el beneficio de libertad condicional. TERCERO: ORDENA al Tribunal de la causa librar las correspondientes órdenes de aprehensión contra el ciudadano HERNANDEZ FUENTES GIOVANNY ISIDRO.

Primero: Revoca por contrario imperio el auto de fecha 11-01-2008, mediante el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto por la abogada Reina Elizabeth Zambrano Pérez, Fiscal Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, al tratarse de un auto de mero trámite y comporta un caso típico constitutivo de la excepción a la regla señalada en el artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal. Segundo: Inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la abogada Reina Elizabeth Zambrano Pérez, Fiscal Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, quien presentó el recurso de apelación contra la admisión en la audiencia preliminar, de la testimonial del ciudadano Jhon Colmenares, siendo esta una decisión irrecurrible todo de conformidad con el literal "c" del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal.

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por el Ministerio Público, contra el imputado EVERARDO PARDO ACUÑA, de nacionalidad venezolana, natural de Colombia, República de Colombia, nacido en fecha 21 de septiembre 1.939, de 70 años de edad, hijo de Julio Pardo y Maria Luisa Acuña, titular de la cedula de identidad No. V-23.165.246, casado, profesión u oficio mecánico; residenciado en Tienditas, calle primera Piedra Regina; a quien se le imputa la comisión del delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA Y AMENAZA, previsto y sancionado en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana Ana Maria Bernal Huertas, de conformidad con el artículo 330 ordinal 2° del Código .....

declara suficientes para asegurarles a los ciudadanos MÉLIDA RÍOS DE MOLINA, FRANYER JOSMAR MOLINA RIOS, JAVIER RAMÓN MOLINA RÍOS, JACQUELIN MOLINA RÍOS, ELIO NIXÓN MOLINA RÍOS, BELICIA ISABEL MOLINA SÁNCHEZ y JESÚS GERARDO MOLINA SÁNCHEZ, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad No. V-3.429.625, V-18.878.099, V-10.145.048, V-9.249.885, V-9.249.884, V-5.685.367 y V-10.166.457 en su orden, su condición de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, en su carácter de esposa la primera e hijos los restantes del causante LEONGINO MOLINA

CAPÍTULO IV DECISIÓN Por las anteriores razones y consideraciones, este Juzgado de los Municipios Libertador y Fernández Feo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley declara CON LUGAR la solicitud de fijación de Obligación Alimentaria presentada por la ciudadana: LUZMILA MÁRQUEZ RUJANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 9.368.121, para su hijo: YONAIKER AMADO CHÁVEZ MÁRQUEZ, y decide: PRIMERO: Se establece como Obligación de Alimentaria la cantidad de TRESCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. 300.00) mensuales. SEGUNDO: Se establece para el mes de agosto de cada año el obligado, ciudadano: AMADO DIONISIO CHÁVEZ ONTIVEROS, deberá cubrir la totalidad de los gastos de útiles y uniformes escolares; tal como él mismo lo ofreció el en acto conciliatorio. TERCERO: Se establece para el mes de diciembre de cada año el doble de la obligación alime.....

ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA EXTENSION SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: UNICO: Considera improcedente decretar la privación judicial preventiva de libertad, al imputado OSCAR ALFONSO ECHEVERRI ALVARADO, colombiano, mayor de edad, nacido el 28-12-1.980, de 23 años de edad, titular de la cédula de ciudadanía Colombiana No 88.250.015, de profesión u oficio tapicero, hijo de Clara Inés Alvarado (v) y de Omar Elber Echeverry (v), residenciado en la Calle 17 del barrio Useche Niño, Ureña, Municipio Pedro María Ureña del Estado Táchira, por no estar llenos los extremos del artículo 250 y 262 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia se MANTIENE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA, decretada por el Tribunal 3ro de Control en fecha 23 de Mayo de 2007.

ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, decide: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la solicitud fiscal de revocatoria de Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad otorgada por este Tribunal en fecha 7 de mayo de 2007 en razón de que hasta la presente no se ha determinado si el imputado GERSON EDUARDO GÓMEZ DUQUE se encuentra detenido por el Tribunal de Juicio a cuya disposición se colocó una vez librada la orden de libertad. SEGUNDO: Ofíciese al Juzgado Segundo en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal con sede en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, a quien se le puso a la orden el imputado de autos en atención a que aparece como solicitado según Oficio 2768, de fecha 21 de noviembre de 2003.

ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, EXTENSION SAN ANTONIO DEL TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: UNICO: Se declara procedente y con lugar la revisión la Medida Cautelar de Privación Judicial de libertad y se acuerda medida cautelar sustitutiva a favor del imputado DIEGO ARMANDO POZO GUERRERO, quien para su efectiva materialización deberá cumplir con las siguientes condiciones: 1) Presentaciones cada Treinta (30) días, por ante este Tribunal, a través de la Oficina de Alguacilazgo, 2) Prohibición de realizar actos similares o iguales a los que son objeto de imputación por el Ministerio Público. 3) Prestar caución juratoria de someterse a todos los actos del proceso y comparecer al mismo en las oportunidades que sea llamado.