PARTE DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE lo siguiente: PRIMERO: DECLARA IMPROCEDENTE la denuncia de Daño Temido o de Obra Vieja, interpuesta por el ciudadano EDGAR ENRIQUE OMAÑA SAENZ, asistido por el Abg. Gillmer José Amaya Quiñónez, en contra de los ciudadanos ANYELA ISOLAK BELLO ESCALANTE, SHULET STELLA HOYOS SANCHEZ, JESUS ALBERTO MOLINA GONZALEZ, ERVIN ALBERTO LOPEZ, MARIA AYDE MONCADA RAMIREZ y MARYLUZ MONCADA RAMIREZ. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.

En consecuencia, en virtud de los recaudos acompañados al libelo de la demanda los cuales constituyen presunción grave del derecho que se reclama, y por cuanto son concurrentes los requisitos exigidos en la norma antes mencionada; de conformidad con lo solicitado por la parte actora y según lo dispuesto en el artículo 585, en concordancia con el ordinal primero y tercero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, SE DECRETAN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: PRIMERO: LA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, hasta cubrir la cantidad de SEISCIENTOS QUINCE MIL VEINTIUN BOLÍVARES CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (Bs.615.021.53), que comprende el doble de la cantidad estimada en la demanda, más los honorarios profesionales calculados prudencialmente por el Tribunal en un veinte por ciento (20%) y las costas calculadas prudencialmente en un cinco por ciento (5%); si el embargo recayere en cantidad liquida de dinero, solo podrá hacerse por la cantidad de DOS.....

Por cuanto se observa que en la presente causa no consta que hayan sido cumplidas las formalidades establecidas en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, en lo que respecta a la fijación del cartel en la morada, oficina o negocio de la demandada, por parte de la Secretaria de este Despacho, no produciéndose así la citación correspondiente en el presente juicio, en tal sentido, este Tribunal en aras de garantizar los principios constitucionales, el derecho a la defensa y al debido proceso, actuando como Director del proceso, conforme a lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, repone la causa al estado de que la Secretaria de este Juzgado, proceda a fijar el respectivo cartel de citación de la parte demandada, en la dirección indicada por la parte actora, a fin cumplir con todas las formalidades indicadas en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, declarando nulas todas las actuaciones realizadas a partir del folio (47) del presente expe.....

Por las razones expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, le imparte su homologación al desistimiento realizado por el abogado RAFAEL IGNACIO NÚÑEZ FLORES, titular de la cédula de identidad N° V.-9.216.991 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 32.345, actuando con el carácter de co-apoderado judicial de la parte demandante LEDY YORLEY PEREZ RAMIREZ, venezolana, mayor de edad titular de la cédula de identidad N° V.-10.747.174, casada y civilmente hábil. Se da por consumado el desistimiento de la presente acción de divorcio, se levanta la medida de secuestro decretada por este Tribunal en fecha 23/02/2010 y se ordena el archivo del expediente.

Del anterior criterio jurisprudencial, se evidencia que la inepta acumulación es una prohibición legal, es decir, una prohibición expresa de la Ley para admitir la demanda tal como lo prevé el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, aunado a que la inacumulación indebida es materia de orden público es verificable por el Juez de oficio en cualquier grado y estado de la causa. A manera de colofón, en el presente caso hay inepta acumulación, por lo que resulta forzoso concluir que es INADMISIBLE la Intimación y Estimación de Honorarios Profesionales interpuesta por los Abogados Víctor Armando Pulido Y Silvia Uzcátegui de Pulido en contra de la ciudadana Mayra Luzmila Mendoza de Duque. Así se decide.

En consecuencia, por cuanto se encuentra presente la consecución de los extremos exigidos por el artículo 585 en concordancia con el artículo 588 parágrafo primero, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, y conforme a los criterios jurisprudenciales ut supra transcritos, concluye PROCEDENTE decretar como en efecto DECRETA: MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el cincuenta por ciento (50%) del lote de terreno registrado por ante la oficina de Registro Público del Municipio Bolívar del Estado Táchira, según documento de fecha 28 de diciembre de 1998, inserto bajo el N° 153, Tomo IV, Protocolo Primero del cuarto trimestre de 1998, folios 192 y 193.