En el caso de autos se aprecia del escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2023, inserto al folio 25 que la parte demandada no dio contestación a la demanda en la forma señalada en el Artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, ya que no formuló oposición a la partición, sino que se limitó a oponer la cuestión previa prevista en el ordinal 6° del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 340 ordinal 9° eiusdem, las cuales no están previstas en el juicio especial de partición, por lo que estando la demanda apoyada en instrumento fehaciente que acredita la existencia de la comunidad concubinaria entre las partes, se acuerda emplazar a las partes para las diez de la mañana del DÉCIMO día de despacho siguiente a que quede firme la presente decisión para que tenga lugar el acto de nombramiento de partidor en la presente causa. Así se decide.

En consecuencia, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA el desistimiento del procedimiento manifestado por el abogado Miguel Eduardo Niño Andrade, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ciudadano Alberto Jaimes Muñoz, dándose por consumado el acto, ordena que se proceda como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada de conformidad con lo previsto en el Artículo 265 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo se acuerda hacer el desglose de los documentos insertos a los folios 11 al 18, dejando copia fotostática certificada en su lugar, una vez el diligenciante aporte los respectivos fotostatos. Así se decide.

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo previsto en el Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, homologa la referida transacción celebrada en fecha 3 de marzo de 2023, en los términos en ella establecidos, y acuerda darle el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Y una vez conste que la parte demandada le de cumplimiento al pago acordado para el 3 de abril del 2023, se procederá a ordenar el archivo del expediente. Así se decide.

En consecuencia, por cuanto se encuentran llenos los extremos exigidos por el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los Artículos 588 ordinal 3°, SE DECRETA: Medida de prohibición de enajenar y gravar sobre Un lote de terreno propio, que es parte de mayor extensión, ubicado en la carrera 3, vía que conduce a San Antonio del Táchira, jurisdicción del Municipio Pedro María Ureña, Estado Táchira, con una extensión de doscientas catorce hectáreas con seis mil seiscientos veintitrés metros cuadrados con dos centímetros cuadrados (214 Has. 6.623,02 m³), comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con Pozo del Baño, SUR: Con terrenos de la hacienda Tienditas, ESTE: Con terreno Nueva Arcadia y OESTE: Con el río Táchira. Dicho inmueble fue adquirido por la demandada ALBA MARÍA RUGELES DE CASTRO, según consta de documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Pedro María Ureña del estado Táchira, el 29 de junio de 1976, baj.....

De las pruebas anteriormente relacionadas las cuales fueron apreciadas exclusivamente en cuanto a la verificación de los presupuestos requeridos para el decreto de la medida cautelar de secuestro solicitada con fundamento en lo ordinales 1° y 5° del Artículo 599 procesal, esta sentenciadora no evidencia elementos de prueba que hagan presumir que el demandado esté ocultando, enajenado o deteriorando la plaza de toros portátil objeto de litigio, pues la misma parte demandante en diligencia de fecha 14 de febrero de 2023, inserta al folio 2 del cuaderno de medidas informó a este Tribunal el lugar donde se encuentra; aunado al hecho de que la propia parte actora en el libelo de demanda expone que el contrato de venta de dicha plaza cuya resolución demanda fue verbal, por lo que no está documentado. Por tanto, no se encuentran cumplidos los requisitos exigidos en el Artículo 585 procesal, ni los supuestos contenidos en los ordinales 1° y 5° del Artículo 599 procesal, para el decreto de la.....