Vista la TRANSACCIÓN celebrada en fecha 01 del presente mes y año, corriente a los folios 09 y 10 del cuaderno de medidas, ante el JUZGADO TERCERO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, SAN DIEGO, NAGUANAGUA Y CARLOS ARVELO DEL ESTADO CARABOBO, entre el abogado en ejercicio RAFAEL ALBERTO SANCHEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 70.626, en su carácter de apoderado judicial de la demandante ciudadana ANA LUCIA OCHOA CASTELLANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.7.048.722, de este domicilio y la parte demandada ciudadana MARISELA FARIAS, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.7.163.827, asistida por el abogado en ejercicio WILLIAM ROMERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.57.734; este Juzgado conforme a la norma prevista en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, y en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, le imparte la HOMOLOGACIÓN DE LEY, .....

En razón de todo lo precedentemente expuesto, existiendo en el lugar de domicilio de la parte demandada, un Juzgado de igual Categoría a la de este, el cual es, el Juzgado de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, es por lo que, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del presente procedimiento, en razón del territorio, toda vez, que el demandado se encuentra domiciliado en jurisdicción del Municipio Guásimos, en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA, en el Juzgado de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

Por todas las razones de hecho y de derecho explanadas anteriormente, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR, la demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, interpuesta por la ciudadana PRIMA BELLETTINI DE COCO, contra la ciudadana MIREYA GÁLVEZ DE JIMÉNEZ, ambas suficientemente identificadas en esta Sentencia, en consecuencia, declara resuelto el Contrato de Arrendamiento Privado, celebrado entre las partes en fecha 30 de diciembre de 1998, y que riela a los folios 4 y 5 del presente expediente, y CONDENA a la parte accionada en lo siguiente: PRIMERO: ENTREGAR a la demandante el inmueble dado en arrendamiento, ubicado en la calle 9 esquina con carrera 11, entonces con el N° 10-57, actualmente con los Nros. 10-61 y 10-63, Parroquia San Juan Bautista, Municipio San .....

En consecuencia este JUZGADO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA las presentes diligencias suficientes para asegurarle a la ciudadana OLYMAR DEL CARMEN MOLINA QUIROZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-17.646.755, en su condición de hija del causante OMAR ENRIQUE MOLINA ORTIZ, el carácter de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA; y así se decide.-.

Ahora bien, observado lo anterior, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, tomando como base la norma antes transcrita SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del presente procedimiento en razón del territorio, en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA, en el Juzgado del Municipio Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en razón del territorio, y así se decide.

En razón de todo lo antes observado lo cual, esta administradora de justicia, tomando como base las normas y los criterios jurisprudenciales aquí transcritos, previo análisis del libelo de demanda y de los recaudos consignados para avalar dicho pedimento, NIEGA la medida preventiva de SECUESTRO solicitada por la parte actora, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

En consecuencia este JUZGADO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA las presentes diligencias suficientes para asegurarle a los ciudadanos OLGA CECILIA MORENO DE RODRIGUEZ, RICHARD RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARIANELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ MORENO Y ENDER EFIGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (fallecido), venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad No. V-9.144.021, V-5.679.678, V-10.152.784, V-. 18.879.957 y V-5.026.466, la primera en su condición de esposa y los demás nombrados hijos del causante EFIGENIO ANDRÉS RODRÍGUEZ GUERRERO, el carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS; y así se decide.-.