PRIMERO: Inadmisible la apelación interpuesta por el ciudadano Lucio del Carmen Arellano, titular de la cédula de identidad N° V-1.543.823 en contra la sentencia de fecha 27 de septiembre de 2012, dictada por el Juzgado de los Municipio Michelena y Lobatera de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: Ordena remitir el presente expediente al Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a los fines legales pertinentes. TERCERO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión.

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada DALIA YALEITZA CARRERO GONZÁLEZ, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano DIEGO OROZCO BERNAL parte demandada, el 9 de junio de 2009, contra la decisión de fecha 3 de junio de 2009, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con asiento diario N° 10. SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión apelada de fecha 3 de junio de 2009, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con asiento diario N° 10, mediante la cual declara con lugar el derecho al cobro de honorarios profesionales que tienen los abogados HORST ALEJANDRO FERRERO KELLERHOFF y JORGE WILFREDO CHACÓN MONTILLA contra el ciudadano DIEGO OROZCO BERNAL. De conformidad con lo dispuesto por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° A.....

Primero: Declara sin lugar la apelación interpuesta por la representación del demandado Emilio Alejandro Colmenares González, ya identificados, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, el 16 de mayo de 2012, que niega la oposición a la medida decretada el 21 de mayo de 2012 y la mantiene con toda su eficacia jurídica. Segundo: Confirma el auto de fecha 16 de julio de 2012, que niega la oposición a la medida decretada el 21 de mayo de 2012 y la mantiene con toda su eficacia jurídica. Tercero: Condena en costas al apelante de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.