Vista la transacción celebrada en fecha 12 de mayo del 2.011, según se evidencia del presente expediente signado bajo el N° 13.099 corrientes a los folios 19 y 20, llevada a cabo por ante este Tribunal, entre la parte demandante abogado ORLANDO ARFILIO CARRILLO GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.972.312 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 123.496, actuando en nombre y representación de la ciudadana MARÍA TRINIDAD NOVOA DE GUERRERO, venezolano, mayor de edad, viuda, titular de la cédula de identidad N° V-1.517.731 y de este domicilio, y la parte demandada ciudadano MIGUEL ANTONIO HERNÁNDEZ REAÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.504.811, y de este domicilio, en su carácter de propietario de la firma personal denominada J. CEL SAN CRISTÓBAL, domiciliada en la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira, inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial .....

Vista la transacción celebrada en fecha 12 de mayo del presente año, según se evidencia del presente expediente signado bajo el N° 12.991 corrientes a los folios 115 al 117, llevada a cabo por ante este Tribunal, entre la parte demandante ASOCIACIÓN CIVIL "CONJUNTO RESIDENCIAL AGUA CLARA" antes conocida como Asociación Civil de Profesores Universitarios (ACIPRUN), inscrita en el Registro Público del Primer Circuito de los Municipios San Cristóbal y Tórbes del estado Táchira, el 9 de agosto de 1.988, cuyo documento quedó anotado con el N° 29, Tomo 16, Protocolo Primero, y modificada su denominación según el contenido del acta de asamblea general extraordinaria de la asociación del 13 de junio de 2.008, inscrita en la misma oficina de Registro Público el 21 de julio de 2.008 con la matricula N° 2008-LRC-T10-43, representada por el coapoderado especial ciudadano ANTONIO AUGUSTO BERMÚDEZ BERMÚDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.415.935, inscrito en el .....

PARTE DISPOSITIVA Por la motivación antes expuesta este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO PARA NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN de los efectos del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 276-2010, de fecha 21 de Abril de 2010 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira acordada por este Tribunal mediante sentencia de fecha 29 de Marzo de 2011. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo. EL JUEZ, ABG. JOSÉ LEONARDO CARMONA G. LA SECRETARIA, ABG. NIDIA MORENO En la misma fecha y previa las formalidades de ley, siendo las dos de la Tarde, se registró y publicó la presente decisión, y se dejó copia certificada en el archivo del Tribunal.....

Se homologo el acuerdo de las partes y se condena a la parte demandada a cancelar la cantidad de bolívares veintidos mil quinientos treinta y cinco con 55/100 céntimos, son ( Bs 22.535,55) dándole efectos de la Cosa Juzgada.

Se homologo el acuerdo de las partes y se condena a la parte demandada a cancelar la cantidad de Bolívares seis mil seis mil quinientos, son (Bs. 6.5009,00) dándole efectos de la Cosa Juzgada.

Ahora bien, por cuanto no hubo objeción por parte del Fiscal del Ministerio Público, este JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CARDENAS GUASIMOS Y ANDRES BELLO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO POR RUPTURA PROLONGADA DE LA VIDA EN COMUN formulada por los ciudadanos: MERCEDES JUDITH GUERRERO BOHORQUEZ Y ORLANDO CAÑAS VIVAS.- En consecuencia, queda disuelto el vinculo matrimonial contraído entre los solicitantes por acto celebrado el día 10 de Mayo de 1985, por ante el REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO GUASIMOS, EN PALMIRA, ESTADO TACHIRA, según Acta de matrimonio N° 14, conforme a lo previsto en el artículo 184, en concordancia con el contenido del artículo 185-A ambos del Código Civil. Publíquese, Regístrese y Déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal. Liquídese la sociedad conyugal si hubier.....

En relación a las medidas preventivas, el criterio seguido por nuestro Supremo Tribunal de Justicia, es el de reconocer la soberanía de los Jueces de instancia, en verificar los extremos señalados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de decretar una medida cautelar, toda vez que la discrecionalidad del Juez no es absoluta y éste debe verificar la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción del buen derecho, por lo que está facultado para obrar según su prudente arbitrio. Así las cosas, de los documentos anexados por la Parte Demandante a su escrito libelar, no se desprenden de manera concurrente, las presunciones de Ley, exigidas para la procedencia de las medidas requeridas, por tanto es forzoso para este Tribunal, el Negar la medida cautelar de Embargo, así como la medida de Secuestro solicitadas. Así se decide. El Juez Titular. Abg. Pedro Antonio Gáfaro Pernía. La Secretaria Titular. Abg. Ro.....

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL No 1 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: SE ADMITE TOTALMENTE la acusación presentada por el Ministerio Público, en contra del imputado SEGUNDO SIMON BLANCO BAEZ, quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Libertad, República de Colombia, nacido en fecha 10/08/1959, de 51 años de edad, hijo de Peregrina Báez (f) y Jerónimo Blanco (f) titular de la cedula de residente N° E-84.426.345, soltero, de profesión u oficio carpintero, teléfonos: 0276-7870251 y 0424-7658162, residenciado en el Barrio Gonzalo Castellanos calle 5 N° 5-A31, Sector Aguas Calientes, Ureña, estado Táchira, en la presunta comisión del delito LESIONES CULPOSAS GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal, con la agravante del artículo 217 de la ley Orgánica de.....

este JUZGADO DEL MUNICIPIO CORDOBA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUJDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY HOMOLOGA los puntos acordados por las partes de la audiencia Conciliatoria y se le imparte carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa Juzgada de conformidad con la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en consecuencia queda establecido: PRIMERO: Se fija por concepto de OBLIGACION DE MANUTENCION, la suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 250,00) semanales, para un total de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) mensuales, por concepto de obligación de Manutención, los cuales serán depositado los días viernes de cada semana, en la cuenta que el Tribunal mandara aperturar. SEGUNDO: En época de navidad el padre se compromete a comprar los estrenos del día veinticuatro (24) y del día treinta y uno (31), en lo atinente al regalo cada padre se compromete a comprar un regal.....

En consecuencia de lo anterior, es por lo que ésta Juez 1° de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA SIN LUGAR la demanda que por Colocación Familiar incoaran los ciudadanos: JOSE ARGENIS LABRADOR y MARIA TERESA TOVAR DE LABRADOR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-9.211.049 y V.-6.928.659 en su orden, en contra de los ciudadanos: BIETTER JOHANNS GARCÍA ROCHA y DIANEY CELESTE PORRAS LABRADOR, venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad Nros. V.-12.945.839 y V.-13.351.011 respectivamente, padres de la niña: DANNA JOHCEL GARCÍA PORRAS, por cuanto no existe una causa definitiva que les impida a los mismos el ejercicio de su Responsabilidad de Crianza, debiendo en consecuencia retornar la citada niña se .....