PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN PRESENTADA POR EL MINISTERIO PUBLICO en contra del acusado ALEXANDER HERNANDEZ MEDINA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.987.057, residenciado en Palotal Parte Alta, calle 5, Los Jovez, casa N° 95, teléfono 7715067, de profesión u oficio comerciante, hijo de Alcibíades Hernández (v) y Maria Lucrecia de Hernández (f) por la comisión del delito del delito de VIOLENCIA FISICA Y PSICOLOGICA, previsto y sancionado en el artículo 17 y 20 de La Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia en perjuicio de la Ciudadana Maria Sonia García Flores; todo de conformidad con el artículo 330 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: ADMITE TOTALMENTE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO, admitiendo las referidas a: 1.- Testimoniales referidas a: Declaraciones de los ciudadanos: Nelson Cantor y Gerson Ramírez, Wuillian Ramírez y Alexander Rancel, Maria Sonia .....

En virtud de lo anterior, considera este Despacho que de acuerdo a la atribución conferida en el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, se hace procedente revisar en esta instancia, la negativa del Representante del Ministerio Público; en consecuencia, se fija audiencia oral a fin de resolver solicitud del ciudadano Elius Trujillo, para el día 17 de mayo de 2.005, a las 9:30 de la mañana. Se ordena notificar a las partes. Regístrese y déjese copia en el archivo del Tribunal.

PRIMERO: NIEGA LA REVISION DE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, decretada al ciudadano JOSE ORLANDO ROZO JAIMES, solicitada por la ABG. JHOANA RAMIREZ BUSTAMANTE. SEGUNDO: MANTIENE CON TODOS SUS EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, dictada por este Tribunal en fecha 25 de Abril de 2005, al imputado JOSE ORLANDO ROSO JAIMES, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de Rubio, Municipio Rafael Urdaneta, estado Táchira, nacido el día 28-07-1964, de 40 años de edad, hijo de José Victoriana Roso Galvíz e Hilda María Jaimes de Rozo, titular de la cedula de identidad N° v- 9.147.268, de estado civil divorciado, de profesión u oficio maestro de obras, residenciado en la Avenida 8Va casa N° 49-79 Los Palones, Barrio La Victoria, Municipio Junín, Estado Táchira; por la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 219 del Código Penal, en perjuicio de La Cosa Pública.

Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, NIEGA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida en contra de PERSONA DESCONOCIDA, con fundamento en el numeral 2º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, por improcedente.

Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida en contra de PERSONA DESCONOCIDA, por la comisión del delito de LESIONES INTENCIONALES, previstas en el artículo 415 del Código Penal, en perjuicio de Yudi Alejandra Santander, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 4º del Código Orgánico Procesal Penal.

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, EN FUNCIONES DE CONTROL NUMERO UNO, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara: ÚNICO: Se decreta EL SOBRESEIMIENTO de la causa a favor del ciudadano JOSE ORLANDO PABON GÓMEZ, de nacionalidad Venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V- 13.831.229, sin mas datos que lo identifiquen; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 ordinal 3º, en concordancia con el artículo 48 ordinal 8º y artículo 108 ordinal 7º, todos del Código Orgánico Procesal Penal, y artículo 108 ordinal 5º del Código Penal Venezolano.