PARTE DISPOSITIVA Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del estado Táchira administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadana LILIANA PAOLA ALVARADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 13.622.039 en contra de los ciudadanos WUILERMA PAOLA QUIÑONES ALVARADO, WUILSON DE LA CARIDAD QUÑONEZ ALVARADO Y CAROL YURNEY QUIÑONES JAIMES venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V- 25.169.776 y N° V-. 25.169.777. N° V-. 16.958.529, respectivamente por RECONOCIMIENTO DE UNION CONCUBINARIA. SEGUNDO: SE RECONOCE la existencia de la Comunidad Concubinaria de los ciudadanos LILIANA PAOLA ALVARADO Y el de cujus WOLFANG HERNAN QUIÑONES CARVAJAL, durante el lapso desde el 12 de junio de 1992 hasta el 10 de julio de 2021, ambas fechas inclusive. TERCE.....

Ahora bien, apuntan las documentales consignadas, sin que pueda entenderse como adelantar opinión sobre el fondo de lo controvertido; la presunción del buen derecho que tiene la parte actora para solicitar la medida de prohibición de enajenar y gravar; concluyendo el Tribunal que de los recaudos consignados, se desprende la condición del fumus bonis iuris, esto es el primero de los supuestos de procedencia contemplados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el cual se encuentra satisfecho para la medida peticionada. Así mismo, el tribunal encuentra satisfecha la segunda exigencia relativa al "periculum in mora"; esto, sobre la base del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo por la tardanza en la emisión de la providencia principal o la demora en el juicio. En consecuencia; y en fuerza de los razonamientos anteriores, este Tribunal encuentra satisfechos los dos requisitos atinentes al "periculum in mora", "fumus boni iuris", obligatorios para la .....

Ahora bien, apuntan las documentales consignadas, sin que pueda entenderse como adelantar opinión sobre el fondo de lo controvertido; la presunción del buen derecho que tiene la parte actora para solicitar la medida de prohibición de enajenar y gravar; concluyendo el Tribunal que de los recaudos consignados, se desprende la condición del fumus bonis iuris, esto es el primero de los supuestos de procedencia contemplados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el cual se encuentra satisfecho para la medida peticionada. Así mismo, el tribunal encuentra satisfecha la segunda exigencia relativa al "periculum in mora"; esto, sobre la base del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo por la tardanza en la emisión de la providencia principal o la demora en el juicio. En consecuencia; y en fuerza de los razonamientos anteriores, este Tribunal encuentra satisfechos los dos requisitos atinentes al "periculum in mora", "fumus boni iuris", obligatorios para la .....

DECISIÓN Este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, actuando en sede constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: CON LUGAR LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesto por el abogado Pablo Andrés Romero Ferreira, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 136.796, apoderado judicial de los ciudadanos HERIBERTO ANTONIO CORREA RINCÓN Y ROSMERY ADRIANA BOLÍVAR ORTEGA, titular de la cédula de identidad N° V-5.677.973, de nacionalidad Colombiano el primero de los nombrados y Venezolana la segunda nombrada, titulares de las cédulas de identidad Nos. E-84.278.382 Y V-27.927.056 respectivamente, según poder conferido por ante la Notaria Pública de Ureña, Estado Táchira, anotado bajo el N° 27, Tomo 02, folio 091 de los libros llevados por ante esa notaria de fecha 06 de abril de 2022 en contra del Tribunal Ordinario y Ejecutor de Medidas.....

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA. San Cristóbal, 16 de junio de 2025. Vista la diligencia de fecha 04 de junio de 2025, suscrita por la abogada AUDRYS RAMONA SANCHEZ MARQUEZ, inscrita en el I.P.S.A bajo el N° 84.815, apoderada judicial de la parte actora de la presente causa, en cuanto a su contenido, este Juzgado hace las siguientes consideraciones: En tal sentido, hace necesario hacer mención a lo establecido en el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, que reza: Artículo 136.- Son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley. De la n|orma trascrita se infiere que las personas que tengan el libre ejercicios de sus derechos son capaces para obrar en juicio, pudiendo gestionar por si mismas o por medio de apoderados. .....