Por todo lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL DECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL, por encontrarse evidentemente prescrita, de conformidad con lo establecido en el ordinal 8º del artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida en contra de ciudadano BECERRA MALDONADO JORGE ALBERTO, por la presunta comisión del delito de ESTAFA , previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese de la presente decisión y vencido el lapso de ley, remítanse las actuaciones al Archivo Judicial.-

Por todo lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL DECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL, por encontrarse evidentemente prescrita, de conformidad con lo establecido en el ordinal 8º del artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, seguida en contra de la ciudadana JOSE ELEAZAR SANCHEZ, por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 455 numeral 1 del código penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese de la presente decisión y vencido el lapso de ley, remítanse las actuaciones al Archivo Judicial.-

PRIMERO: Decreta la extinción de la acción penal de la causa seguida al ciudadano ALEXANDER JESUS MONTILLA ESTEVEZ, de nacionalidad venezolana, nacida en fecha 15-09-1968, portador de la Cédula de Identidad N° V.-9.246.615, de estado civil casado y residenciado Av. Carabobo 21-2, la romera, cerca del parque la Romerita, Municipio San Cristóbal, estado Táchira, por la comisión del delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley contra el trafico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con el artículo 48 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal.

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA interpuesta por la ciudadana DEYANIRA BRAVO RODRIGUEZ en contra del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA representado por el CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN SAN CRISTOBAL. SEGUNDO SE CONDENA a MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA representado por el CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN SAN CRISTOBAL a pagar a la demandante DEYANIRA BRAVO RODRIGUEZ la cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES (15.351,00.). TERCERO: a) La indexación o corrección monetaria sobre los demás conceptos condenados en el presente proceso, serán calculados por un único experto desde la fecha de notificación de la demanda, es decir, desde el 13 de Mayo de 2011, hasta que la presente decisión quede definitivamente firme, excluyendo de dichos cálculos los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o fuerza mayor y por vacaciones judicia.....

Seguidamente, el Tribunal deja constancia que efectivamente el demandado efectuó el pago total de la acreencia mediante cheque, signado con el N° 37065912 del Banco Banesco, por el monto de SIETE MIL BOLÍVARES (Bs. 7.000,00), por tanto se acuerda SUSPENDER la presente ejecución y remitir esta comisión, junto con todas sus actuaciones al Juzgado de la Causa cumplida como se encuentra la misma

PRIMERO: INADMISIBLE, la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano RAMÓN JAVIER GALVAN TAMARA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad Nº V- 22.673.728, en contra de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA UNIÓN DE TRANSPORTADORES FRONTERIZOS V REPUBLICA R.L. SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se exonera en costas a la parte accionante por considerar este Juzgador que la solicitud no fue temeraria. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.

III DECISION Por los fundamentos antes señalados, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: UNICO: SE DECLARA CON LUGAR LA INHIBICIÓN propuesta por la abogada Beatriz Elena González Giraldo, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, contenida en Acta de fecha 25 de junio de 2012, en el juicio interpuesto ASDRUBAL PEREZ HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad N° V.-12.227.810, contra las sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA PATATA¿ S EXPRESS C.A. DISTRIBUIDORA PATATAS TACHIRA C.A y DISTRIBUIDORA PATATAS BARINAS C.A., y a los ciudadanos ENRIQUE JOSE PAZOS SANCHEZ, JEUSUS EDUARDO MEJIA HERRERA, ICCEL DEL CARMEN CONTRERAS OVIEDO y CARLOS JULIO CONTRERAS MORA, por Cobro de Prestaciones Sociales y Ot.....

Así, de lo acontecido en la presente causa, infiere este Sentenciador que se cumple con lo dispuesto en el aludido artículo 524 de nuestra Norma Adjetiva Civil para el decreto de Cumplimiento Voluntario de dicha sentencia, pero no en los términos declarados en dicha sentencia, toda vez que la parte interesada, en su solicitud de ejecución, con vista a las circunstancias acontecidas con relación a quien fue la parte demandada, esto es, la empresa mercantil CAFEA C.A., empresa ahora del Estado Venezolano por efectos de su adquisición forzosa, procedió a renunciar a cualquier medida ejecutiva sobre bienes de la mencionada empresa estatal, y proponiendo una forma de cumplimiento, cual no es otra que la entrega de la suma de dinero que se encuentra depositada en este Tribunal a favor de la parte demandante, suma ésta que fue consignada por virtud de la caución que ofreciera en su oportunidad la empresa demandada, ahora del Estado, producto de la solicitud de levantamiento de la medida caut.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: Declara con lugar la demanda de divorcio interpuesta por RAFAEL GOMEZ MOROS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-11.110.777, contra la ciudadana ANDREA LAURA NEGRO FIORDA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.44.637, fundamentada en la causal segunda del artículo 185 Código Civil. SEGUNDO: De conformidad con los artículos 184 y 185 del Código Civil, queda DISUELTO el vínculo matrimonial contraído entre ellos, por ante el Registro Civil del Municipio San Cristóbal, bajo el N° 113 de fecha 13 de mayo de 2009. TERCERO: Se condena en costa a la parte perdidosa de confirmada con el artículo 274 del código de Procedimiento Civil.

NIEGA las Apelaciones ejercidas por los abogados OSCAR EDUARDO USECHE MOJICA, y JORGE ORLANDO CHACÓN CHÁVEZ, parte demandada y parte demandante, en contra de la Sentencia Definitiva dictada en fecha 20 de Junio de 2012, por ser ambas extemporáneas, es decir, ejercidas fuera del lapso de 5 días previstos en la Ley. Así se decide.