este Tribunal por cuanto las partes gozan de capacidad negocial de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, da por consumado el convenimiento en los términos por ellos establecidos y le otorga el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Déjese copia del presente auto para el archivo del Tribunal.

En éste contexto, el aspecto medular para la aprobación de una compañía, como garante del resultado del proceso, no se contrae al cumplimiento de requisitos formales como los denunciados por la parte demandada, sino que, la labor de revisión del Tribunal trasciende a la esfera formal hasta penetrar al fondo de la empresa, como es descubrir o no su solvencia económica. Por tanto, la aprobación o no de los balances, su fijación y publicación son aspectos que pueden ser superados, siempre y cuando la sociedad de comercio demuestre su solvencia y capacidad económica. Por consiguiente, se desecha la oposición planteada sobre éste punto. Así se decide.... En cuanto a la no presentación del certificado de solvencia tributaria, a que alude la parte demandada, es importante precisar que el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil no prevé dicho requisito, razón por la cual, el Tribunal no puede imponer a la parte la presentación de un requisito adicional no previsto. Así se decide.

4. Por lo que en atención a las consideraciones anteriores y por cuanto dicha decisión no tiene apelación; en aplicación del artículo 2 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se considera procedente aclarar el error cometido en la sentencia de fecha 09 de marzo de 2012, y así se decide. En consecuencia, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACLARA que el Acta de Matrimonio N° 7 de fecha 23 de septiembre de 1944, corresponde al Concejo Municipal del Distrito San Cristóbal, Estado Táchira, hoy Municipio San Cristóbal, Estado Táchira. Téngase la presente aclaratoria parte integrante de la decisión dictada por este Juzgado en fecha 09 de marzo de 2012.

De igual forma conforme lo alude el artículo 84 Ejusdem: Artículo 84.- El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse, a fin de que las partes, dentro de los dos días siguientes, manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido. Y al haber emitido opinión, según se desprende de la sentencia definitiva de fecha 12 de agosto de 2011 (fls. 83 al 92), se dan los presupuestos para encontrarme incurso en la causal arriba indicada. Aún cuando no compromete mi imparcialidad me INHIBO de seguir conociendo la presente causa contenida en el expediente N° 20985-2010, relacionado con la INTERDICCIÓN del ciudadano ALBERIO JOSE CONTRERAS PEREZ solicitada por su hermano DANYS ALBERTO CONTRERAS PEREZ.

En aplicación a la doctrina transcrita y por cuanto de los autos se desprende que en la presente causa existe contradicción sobre el dominio común de los bienes señalados por la parte actora en los particulares PRIMERO y SEGUNDO del libelo de la demanda, este Tribunal, en virtud de lo antes expuesto DETERMINA que dicho asunto debe tramitarse por el procedimiento ordinario y así formalmente se decide. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la apertura de un cuaderno separado encabezado con copia certificada de la presente sentencia. En tal virtud, el lapso de 15 días de despacho para promover pruebas comenzará a transcurrir el día de despacho siguiente a que quede firme la presente decisión y así se decide. Por cuanto no se ejerció oposición a la Partición del bien indicado en el particular TERCERO del libelo de demanda, este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 778 del Código de Pr.....