Ahora bien, observado lo anterior, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, tomando como base la norma antes transcrita SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del presente procedimiento en razón del territorio, en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA, en el Juzgado del Municipio Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en razón del territorio, y así se decide.

En razón de lo cual, esta operadora de justicia, tomando como base las normas y los criterios jurisprudenciales aquí transcritos, previo análisis del libelo de demanda y de los recaudos consignados para avalar dicha solicitud, NIEGA la medida preventiva de SECUESTRO solicitada por la parte actora, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

En atención a la MEDIDA INNOMINADA, peticionada con base a que el demandado no pueda por sí o por persona interpuesta, solicitar fianzas a la demandante, o a cualquier Sociedad de Garantías Recíprocas a nivel nacional, esta administradora de justicia considera, que de ser decretada se le estaría cercenando a la parte demandada su derecho de ejercer petición, el cual se encuentra consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que, no puede acoger un pedimento inconstitucional, y así se considera. Es de advertir, que en todo caso, los organismos financieros tienen la facultad para incluir dentro de sus políticas, limitar el acceso a tales fianzas por parte de quienes consideren deudores morosos. En razón de todo lo cual, SE NIEGA LA MEDIDA INNOMINADA solicitada; y así se decide.