Vista la transacción celebrada en fecha 09 de octubre de 2.008, entre la ciudadana MAGALY PARRA DE DEPABLOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. 6.243.272, en inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 48.353, en su carácter de apoderada judicial de la parte DEMANDANTE, ciudadana CANDIDA ROSA MURILLO DUQUE, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 9.239.703, y el ciudadano MARIO RUBEN PEREZ ANGARITA, venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad N°. 13.149.030, asistido en este acto por la abogada ANGELICA MARIA MUÑOZ RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.785.215, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 117.716, parte DEMANDADA. Este Juzgado después de revisada la referida transacción, observando que no es contraria a derecho, actúa de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, a impartirle la HOMOLOGACIÓN DE LEY, acordando proce.....

Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR VENCIMIENTO DE LA PRORROGA LEGAL, interpuesta por la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA SAN BENITO C.A., a través de su Presidenta, ciudadana LESBIA HERMELINDA MALUENGA DE NAVA, contra el ciudadano SAMUEL DARIO RAMÍREZ PARRA, todos suficientemente identificados en esta Sentencia, en consecuencia, CONDENA a la parte demandada en lo siguiente: PRIMERO: HACER ENTREGA a la demandante, el inmueble arrendado, ubicado en la Urbanización Los Teques, Bloque 20, Apartamento 03-03, San Cristóbal, Estado Táchira. SEGUNDO: PAGAR la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 1325,00) por concepto de Cláusula Penal convenida.....

En razón de lo cual, esta operadora de justicia, tomando como base las normas y los criterios jurisprudenciales aquí transcritos, previo análisis del libelo de demanda y de los recaudos consignados para avalar dicha solicitud, NIEGA la medida preventiva de SECUESTRO solicitada por la parte actora, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.