En consecuencia ESTE JUZGADO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA las presentes diligencias suficientes para asegurarle a los ciudadanos LIBIA HONORIA CONTRERAS DE RAMIREZ, TEDDY RAFAEL RAMIREZ CONTRERAS, EDUARDO ENRIQUE RAMIREZ CONTRERAS, ALFREDO ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS, MARÍA BELSY RAMIREZ CONTRERAS, LILIAN TERESITA RAMIREZ CONTRERAS, MARÍA ISMENIA RAMIREZ DE SONNI, FANNY CONSUELO RAMIREZ CONTRERAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad No. V-1.522.167, V-4.629.522, V4.629.521, V-5.642.256, V-5.647.779, V-5.663.519 y V-9.225.745, V-9.245.147, respectivamente, en su condición de esposa la primera e hijos los demás nombrados del causante RAFAEL ÁNGEL RAMIREZ PULIDO, el carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS; y así se decide.-.

Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRORROGA LEGAL DE ARRENDAMIENTO, interpuesta por la ciudadana ISVELIA CAICEDO IBARRA contra la ciudadana DIANA ISABEL RUEDA QUICENO; ambas suficientemente identificados, en consecuencia, CONDENA a la parte demandada en lo siguiente: PRIMERO: DESOCUPAR y ENTREGAR el inmueble objeto del contrato de prorroga legal de arrendamiento, consistente en una casa para habitación, ubicada en la calle 4, casa N° 1-44, del sector San José, San Cristóbal, Estado Táchira. SEGUNDO: En costas de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencida.

Recibida y agregada a los autos la comisión de embargo No.3.231-09, librada en este proceso, practicada por el Juzgado Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, donde se evidencia que en acto de embargo preventivo realizado por ese despacho en fecha 11 de junio de 2009, inserto al folio 9 del Cuaderno de Medidas, la demandada, ciudadana ALIMA USBELLA JIMENEZ RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.056.135, asistida por el abogado en ejercicio WILLIAM ROMERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 57.734, ofreció celebrar transacción, siendo aceptada por el abogado RAFAEL ALBERTO SÁNCHEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 70.626, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte demandante Empresa INVERSIONES DISJOR C.A.; observando esta Juzgadora, que no es contraria a derecho, procede de conformidad con.....

Por los razonamientos ya expuestos, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR, la demanda de DESALOJO, interpuesta por los ciudadanos FRANCISCO ANTONIO OCARIZ NIETO y ALIDA ROSA NOGUERA DE OCARIZ, a través de sus apoderadas judiciales, abogadas DEYANIRA FILGUEIRA y DEYI NAIDU NOGUERA, contra la ciudadana GRACIELA HAYDEE MORANTES DE CASTILLO; todos suficientemente identificados en esta Sentencia, en consecuencia, CONDENA a la demandada en lo siguiente: PRIMERO: DESOCUPAR el inmueble arrendado, ubicado en la carrera 8, con Avenida España, N° 4-69, Sector Ambrosio Plaza, Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Estado Táchira, en las mismas condiciones en que lo recibió y totalmente solvente con el pago de los servicios públicos SEGUNDO: PAGAR LAS COSTAS PROCESALES conforme a lo contemplad.....

En razón de todo lo antes observado lo cual, esta administradora de justicia, tomando como base las normas y los criterios jurisprudenciales aquí transcritos, previo análisis del libelo de demanda y de los recaudos consignados para avalar dicho pedimento, NIEGA la medida preventiva de SECUESTRO solicitada por la parte actora, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

En razón de todo lo antes observado lo cual, esta administradora de justicia, tomando como base las normas y los criterios jurisprudenciales aquí transcritos, previo análisis del libelo de demanda y de los recaudos consignados para avalar dicho pedimento, NIEGA la medida preventiva de SECUESTRO solicitada por la parte actora, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.