En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en acatamiento a los criterios precedentemente expuestos por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer de la presente causa, en virtud del tutelaje que a los Juzgados de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes le corresponden sobre los derechos de la menor, los cuales se encuentran involucrados en el juicio de Partición de Herencia que aquí se ventila. En consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA a la Sala de Juicio del TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, adonde se acuerda remitir las presentes actuaciones, una vez transcurrido el lapso a que alude el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

SE NIEGA la solicitud de Medida Cautelar de Secuestro realizada por los ciudadanos DAVID LEONARDO ROA PULIDO y JESÚS DAVID SÁNCHEZ PÉREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-3.623.006 y V-10.165.756, asistidos por el abogado JAIME PÉREZ GALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.209.705, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 63.212.

SE NIEGA la solicitud de Medida Cautelar de Secuestro realizada por los ciudadanos DAVID LEONARDO ROA PULIDO y JESÚS DAVID SÁNCHEZ PÉREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-3.623.006 y V-10.165.756, asistidos por el abogado JAIME PÉREZ GALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.209.705, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 63.212.

SE NIEGA la solicitud de Medida Cautelar de Secuestro realizada por los ciudadanos DAVID LEONARDO ROA PULIDO y JESÚS DAVID SÁNCHEZ PÉREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-3.623.006 y V-10.165.756, asistidos por el abogado JAIME PÉREZ GALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.209.705, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 63.212.

SE NIEGA la solicitud de Medida Cautelar de Secuestro realizada por los ciudadanos DAVID LEONARDO ROA PULIDO y JESÚS DAVID SÁNCHEZ PÉREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-3.623.006 y V-10.165.756, asistidos por el abogado JAIME PÉREZ GALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.209.705, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 63.212.

SE NIEGA la solicitud de Medida Cautelar de Secuestro realizada por los ciudadanos DAVID LEONARDO ROA PULIDO y JESÚS DAVID SÁNCHEZ PÉREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-3.623.006 y V-10.165.756, asistidos por el abogado JAIME PÉREZ GALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.209.705, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 63.212.

De la relación elaborada y estampada sobre el caso de marras se evidencia claramente los supuestos de la perención, puesto que desde el 1 año, seis meses y cuatro días es decir; más de treinta días continuos, sin actuación de la parte actora para impulsar el proceso hasta lograr en primer lugar la citación de la parte demandada, y en segundo lugar hacer que el juicio llegue hasta su fin último como lo es la sentencia definitiva y su consecuente ejecución, evidenciándose un claro abandono del proceso o lo que se puede describir como una clara pérdida de interés en el juicio; en consecuencia, este Tribunal en base a la Jurisprudencia transcrita, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa y así se decide. No hay condenatoria en constas por la naturaleza de la decisión.

Se DECLARA: 1°: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, interpuso la ciudadana Yorlei Carolina Poveda Mendoza, venezolana, mayor de edad, con cédula n.° V.- 16.409.712 en contra de los ciudadanos Ángel Moreno Sierra y Víctor Duarte Sierra, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números V.- 19.240.232 y V.- 10.171.089. 2°: SE CONDENA a los demandados solidariamente al pago de 93 788 57 Bs. 3°: NO SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada por no resultar totalmente vencida de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Vista el convenimiento celebro entre los Ciudadanos: ELISEO ALVAREZ Y titular de la Cédula de Identidad N° V- 3.078.749, y MAYRE JOSEFINA HERNANDEZ TORRES, titular de la Cédula de Identidad N° V- 5.739.374, de fecha 21 DE Mayo de 2.014, en el cual manifiestan "... a los fines de efectuar acto conciliatorio por aumento de obligación de manutención, se llegó al siguiente acuerdo a) La mensualidad se incrementa en 900,00 bolívares adicionales a la cantidad de Bs. 1.600,00 que tenia fijados para un total de 2.500 Bolívares. B) En cuanto a las cuotas extraordinarias para los meses de Agosto y Diciembre que estaba fijada en 6.000,00 Bolívares se incrementa en 4.000,00 Bolívares para un total de 10.000,00 Bolívares, ambos aportes son adicionales a la obligación mensual fijada. Termino, se leyó conformes El descuento se realizará por nominal de la UPEL Rubio a partir del 01 de Junio de 2.014...". Este Tribunal acuerda de conformidad al artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del .....

En mérito de las anteriores consideraciones, este TRIBUNAL PRIMERO ORDINARIO DE MUNICIPIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS JUNIN Y RAFAEL URDANETA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa, de conformidad a lo establecido en los artículos 267, 268 y 269 del Código de Procedimiento Civil y a tenor de lo previsto en el artículo 14 en lo referente a "el Juez es el director del proceso y puede impulsarlo de oficio hasta su conclusión". No hay condenatoria en costas de conformidad a lo establecido en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese al Fiscal Décimo Cuarto Especializado en Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares del estado Táchira, al cual se le notificó mediante Boleta en fecha 30 de abril de 2010. Una.....