ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN PRESENTADA POR EL MINISTERIO PUBLICO conforme con lo establecido con el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra del acusado LUIS SANTOS MARTINEZ, nacionalidad colombiana, natural de Cúcuta, Norte de Santander, nacido en fecha 30 de mayo de 1962, de 48 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 81418227, hijo de Justa Martínez (v), casado, costurero, residenciado en el Barrio Bolivariano, calle 2 lote 21, casa en obra negra, a media cuadra de la iglesia Pentecostés, teléfono 0426-7264737, Estado Táchira, por la comisión de los delitos de AMENAZAS y ACOSO U HOSTIGAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 41 y 40 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a .....

PRIMERO: CONDENA al acusado JOSE EDUARDO PRATO FONSECA, de nacionalidad Venezolana, nacido en fecha 18 de Octubre de 1.975, de 33 años de edad, hijo de José Prato (V) y de Isabel Fonseca (V), profesión u oficio Comerciante titular de la cédula de identidad Nº 12.516.702 residenciado en Calle 9 con avenida 9 N° 8-72, por la presunta comisión del delito de LESIONES CULPOSAS GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 415 en concordancia con el articulo 420 Ord. 2 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Jaimes Hernández Jesús María; a cumplir la condena de SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, así mismo se condena a la penas accesorias contenidas en el artículo 16 Código Penal. SEGUNDO: Exonera al condenado JOSE EDUARDO PRATO FONSECA de las costas procesales en virtud de la gratuidad de la justicia prevista en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. TERCERO: ACUERDA MANTENER el estado de Libertad en que se encuentra el ahora condenado. Remítase copia.....

En este estado el Tribunal visto el pago efectuado en este acto por el demandado y siendo aceptado el mismo por el demandante acuerda Suspender la presente medida de embargo preventivo para lo cual ha sido comisionado, por encontrarse cancelada la obligación pendiente que dio origen al procedimiento

PRIMERO: CON LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadana HILDA ALICIA REAL DE GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 23.157.103 y domiciliada en el Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, en su carácter de PROPIETARIA-ARRENDADORA; contra el ciudadano GABRIEL ANTONIO MATHEUS ESCALONA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 11.091.212 y domiciliado en el Municipio Independencia del Estado Táchira, en su carácter de ARRENDATARIO; por DESALOJO

Conforme con lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución Nacional, 887 del Código de Procedimiento Civil y 33 del la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, así como por los demás fundamentos de hecho, de derecho y jurisprudenciales ya expuestos, este Juzgado del Municipio Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: La Confesión Ficta del demandado MARCO ANTONIO GOMEZ FLOREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.V-6.793.159, domiciliado en la ciudad de San Antonio, Municipio Bolívar del Estado Táchira. SEGUNDO: Con Lugar la Demanda que por Desalojo fue incoada por la ciudadana PRAXEDES EMILIA VILLAMIZAR, asistida por la abogada Gloria Duarte de Castiblanco, en contra del ciudadano MARCO ANTONIO GOMEZ FLOREZ, ambas partes suficientemente identificadas en la presente decisión. TERCERO: Se Ordena a la parte demand.....

En razón de todo lo antes observado lo cual, esta administradora de justicia, tomando como base las normas y los criterios jurisprudenciales aquí transcritos, previo análisis del libelo de demanda y de los recaudos consignados para avalar dicho pedimento, NIEGA la medida preventiva de SECUESTRO solicitada por la parte actora, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Vista la TRANSACCIÓN celebrada en fecha 10 de junio de 2.010, corriente a los folios 25 y 26 del expediente No.12.532-10; entre la parte demandante CARMEN PINEDA DE RAMIREZ, asistida por el abogado HENRY VARELA BETANCOURT, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 63.164; y la parte demandada ciudadano YESIT GUTIERREZ CEPEDA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.665.251, asistido por el abogado MIGUEL ÁNGEL RIVERO GALICIA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.66.355; este Juzgado conforme a la norma prevista en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, y en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, le imparte la HOMOLOGACIÓN DE LEY, acordando proceder como en Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal y archívese el expediente, una vez conste en autos el cumplimiento de la misma.

ÚNICO: Declara INADMISIBLE la apelación interpuesta por los ciudadanos Luis Eduardo Bustos Pinilla y María Ana Cale Fajardo de Bustos, parte demandada, contra la decisión de fecha 12 de mayo de 2010 dictada por el Juzgado de los Municipios Junín y Rafael Urdaneta de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, y anula el auto de fecha 19 de mayo de 2010 dictado por el mencionado Tribunal, mediante el cual oyó en ambos efectos dicha apelación.

Por todo ello, es a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, que se puede alcanzar la tutela judicial efectiva de los derechos y garantías constitucionales; por lo que resulta forzoso para este Tribunal declarar INADMISIBLE IN LIMINE LITIS la ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el ciudadano WILSON JOSÉ ROJAS ROSALES, asistido por el Abogado Daniel Antonio Carvajal Ariza, en contra del auto de fecha 03 de Junio de 2010, dictada por el Juzgado de los Municipios Lobatera y Michelena de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, con fundamento en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

Este Tribunal Primero Ejecutor de Medidas a solicitud de la parte actora, suspende la ejecución de Entrega de Inmueble, por cuanto le concedió a la ejecutada un lapso de noventa (90) días para la entrega material, real y efectiva del inmueble un inmueble ubicado en la calle Juan Vicente Gómez, casa N° J-03, el Mirador, Aldea Zorca, Sin cumplir se mantiene en el archivo de este Tribunal Ejecutor.