1. DECLARA CON LUGAR la inhibición propuesta por el abogado JERSON QUIROZ RAMIREZ, Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 03, de este Circuito Judicial Penal, en la causa Nº 3JM-1012-05 y 3JM-867-04. 2. ORDENA que la causa sea pasada a otro juez de igual categoría y competencia del mismo Circuito Judicial Penal, a los fines de la prosecución del proceso, conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

D E C I S I O N Por los fundamentos expuestos, esta única Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la inhibición del abogado Richard Antonio Cañas Delgado, en su condición de Juez del Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N° 02, de este Circuito Judicial Penal, por estar comprendida en los supuestos de hecho previstos en el numeral 7 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, y ordena que la causa sea pasada a otro juez de ejecución de igual categoría.

Primero: Declara con lugar la inhibición propuesta por la abogada BELKIS ALVAREZ ARAUJO, Jueza de Primera Instancia en Función de Juicio N° 2 de este Circuito Judicial Penal, en la causa N° 2JM-750-2003, seguida a los ciudadanos ALBERTO PERNIA MONTILVA y CARLOS PEREZ CONTRERAS. Segundo: Ordena que la causa sea pasada a otro Juez de igual categoría y competencia del mismo Circuito, a los fines de la prosecución del proceso, conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Unico: Se acuerda remitir las actuaciones al Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 4, de este Circuito Judicial Penal, a los fines de ordenar la efectiva notificación de las ciudadanas JENNY COROMOTO LUGO BLANCHARD (cónyuge de la víctima Eleazar Rivero Guerra) y EDITH YUDITH CUEVAS DE RAMIREZ (hermana de la víctima Raúl Armando Cuevas Sánchez), para que de esta manera nazca el lapso de apelación, so pena de quebrantar el derecho de defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso.