por autoridad de la Ley, DECLARA: ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por RESOLUCION DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, ha instaurado la SOCIEDAD MERCANTIL ANDES MOTORS S.A., de este domicilio e inscrita en el Registro Mercantil llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 13/10/1953, bajo el N° 92, con posteriores modificaciones, representada por su presidente, ciudadano ANTONIO J. CARRILLO RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, casado, comerciante, titular de la cédula de identidad N° V-48.632 y de este domicilio, contra el ciudadano HUGO ALBERTO MEDINA LOPEZ, mayor de edad, comerciante y de este domicilio. En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso

y por autoridad de la Ley, actuando en sede mercantil, DECLARA: ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por COBRO DE BOLÍVARES, TRAMITADO POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN, ha instaurado el ciudadano CELESTINO GAMBOA MAITA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-1.176.861 y de este domicilio, contra los ciudadanos CANDIDA MONCADA DE SANTAMARIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.029.929 y de este domicilio, en su carácter de DEUDORA y ALVARO SANTAMARIA LOZANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.206.836 y de este domicilio, en su carácter de AVAL. En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso.

Por todos los razonamientos antes expuestos y en virtud de las probanzas en el presente juicio, este Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadana MERLIN KATHERINE SERRANO MEDINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 16.410.939, de este domicilio contra la ciudadana ANA ALEXANDRA RUBIO HORMIGA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.958.953. En efecto: ÚNICO: Se le ordena a la parte demandada a entregar a la parte demandante el inmueble ubicado en la Urbanización Los Teques II, bloque 22, apartamento 02-03, sector Santa Teresa de San Cristóbal Estado Táchira, cuando haya vencido el lapso de los seis (06) meses establecidos en el parágrafo primero del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el c.....

identificado manifiesta su voluntad de CONVENIR en la presente demanda, y por cuanto se observa que dicho acto no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN y conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; en virtud de que en la presente causa no hay más actuaciones que practicar archívese el expediente.

por autoridad de la Ley, DECLARA: ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por COBRO DE BOLÍVARES TRAMITADO POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN, ha instaurado el ciudadano LUIS FELIPE COLMENARES DUQUE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-1.555.004, comerciante y de este domicilio, en su carácter de ACREEDOR (BENEFICIARIO y LIBRADOR), en contra de la ciudadana TRÁNSITO REDONDO, colombiana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E-81.294.349 en su carácter de DEUDORA (LIBRADA-ACEPTANTE) y el ciudadano JAIME SANTOS REDONDO, colombiano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E-81.779.139 comerciante y de este domicilio, en su carácter de AVAL. En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso.

por autoridad de la Ley, DECLARA: ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por COBRO DE BOLÍVARES TRAMITADO POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN, ha instaurado la ciudadana SARA MATILDE CALDERÓN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.162.886 y de este domicilio, en contra del ciudadano MIGUEL ÁNGEL ROMERO QUINTANILLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.228.204 metalúrgico y de este domicilio en su carácter de DEUDOR. En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso.

identificada manifiesta su voluntad de CONVENIR en la presente demanda, y por cuanto se observa que dicho acto no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN y conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; en virtud de que en la presente causa no hay más actuaciones que practicar archívese el expediente.

por autoridad de la Ley, DECLARA: ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS DERECHOS LABORALES, ha instaurado el ciudadano JUNIOR VICENTE TOVAR GIRÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.981.694 y de este domicilio, en su carácter de TRABAJADOR, en contra de la sociedad mercantil CIUDAD APACHE C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 10/04/2002, bajo el N° 32, tomo 4-A y de este domicilio, en su carácter de PATRONA, en la persona de su director, ciudadano JESÚS ALBERTO PENA TEJIDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.239.430. En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso.

Visto y analizado todo lo expuesto este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, REPONE la presente causa al estado de citar a todas las partes, en virtud de haber transcurrido más de sesenta (60) días entre la primera y la última citación, tal como se evidencia en el computo practicado por Secretaría y así se decide.