Vista la diligencia de fecha 23/09/1998, suscrita por los abogados JULIO PEREZ VIVAS y CUSTODIO JOSE COLMENARES CARDENAS, con el carácter de coapoderados judiciales de la parte demandante, BANCO UNION S.A. C.A., por cuanto la misma equivale a un DESISTIMIENTO, y se observa que dicho acto no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN y conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; asimismo, se LEVANTA la medida preventiva de embargo decretada en fecha 21/07/1998 y ejecutada en fecha 23/07/1998; en virtud que en la presente causa no hay más actuaciones que practicar, archívese el expediente

por autoridad de la Ley, le imparte el carácter de Sentencia Pasada en Autoridad de Cosa Juzgada, al decreto de intimación de fecha 05 de noviembre de 1997, inserto al folio 15, dictado en el proceso de Cobro de Bolívares, tramitado por el procedimiento de intimación, incoado en su contra por el BANCO DE FOMENTO REGIONAL LOS ANDES (BANFOANDES), inscrito inicialmente ante el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 03 de agosto del año 1951, bajo el Nº 39, con posteriores reformas, en su carácter de ACREEDOR, a través de su apoderado judicial abogado FREDDY ALBERTO PARADA VALERO, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 48.474.

Visto el contenido del acta suscrita ante el Juzgado del Distrito Bolívar de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 26 de octubre de 1988, donde el ciudadano PEDRO ANTONIO REY GARCIA, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad N° V-5.670.867, inscrito en el I.P.S.A.. bajo el N° 24.471 y de este domicilio, parte demandante, asistido por el abogado JOSÉ NEIRA CELIS, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 14.211 por una parte y por la otra, el ciudadano CARLOS ALFONSO BORRERO ROJAS, colombiano y titular de la cédula de identidad N° E-81.317.550, parte demandada, donde deciden poner fin al presente juicio mediante TRANSACCIÓN; por cuanto se observa que dicho acto no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles, este Tribunal le imparte su HOMOLOGACIÓN y ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme a lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil.

Vista la diligencia de fecha 23/09/1998, suscrita por los abogados JULIO PEREZ VIVAS y CUSTODIO JOSE COLMENARES CARDENAS, con el carácter de coapoderados judiciales de la parte demandante, BANCO UNION S.A. C.A., por cuanto la misma equivale a un DESISTIMIENTO, y se observa que dicho acto no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN y conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; asimismo, se LEVANTA la medida preventiva de embargo decretada en fecha 21/07/1998 y ejecutada en fecha 23/07/1998; en virtud que en la presente causa no hay más actuaciones que practicar, archívese el expediente.

Vista la diligencia de fecha 25/01/1999, suscrita por el abogado VICTOR MANUEL FLOREZ MARTINEZ, con el carácter de coapoderado judicial de la parte demandante, ciudadana BLANCA MARGARITA GUERRERO DE VIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.134.594 y de este domicilio, en la cual decide poner fin al presente procedimiento mediante DESISTIMIENTO, y por cuanto se observa que dicho acto no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN y conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; en virtud que en la presente causa no hay más actuaciones que practicar archívese el expediente.

Vista la diligencia de fecha 14/12/1992, suscrita por el abogado JULIO NORBERT PEREZ VIVAS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 28.440, con el carácter de apoderado especial de la parte demandada, por una parte y por la otra el abogado EDUARDO DIAZ, con el carácter de parte demandante, en la cual el abogado JULIO NORBERT PEREZ VIVAS, ya identificado manifiesta su voluntad de CONVENIR en la presente demanda, y por cuanto se observa que dicho acto no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN y conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; en virtud de que en la presente causa no hay más actuaciones.....

En consecuencia, al no hacer oposición oportuna por parte del demandado, ciudadano PAULO VICENTE GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° E-81.775.117, de este domicilio, en su carácter de DEUDOR, de conformidad con lo previsto en el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte el carácter de Sentencia Pasada en Autoridad de Cosa Juzgada, al decreto de intimación de fecha 22 de abril de 1999, inserto al folio 07 del cuaderno principal del expediente, dictado en el proceso de Cobro de Bolívares, tramitado por el procedimiento de intimación, incoado en su contra por la ciudadana MARÍA LUCERO CARRASCAL CARBAJALINO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.154.351, de este domicilio, en su carácter de ACREEDORA.

Visto el contenido del acta suscrita ante el Juzgado Segundo de Municipios Urbanos de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 20 de junio de 1989, donde el abogado CARLOS ARTURO UTRERA RAMÍREZ, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 28.306, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante ciudadana MARITZA ZULAY BRICEÑO HIDALGO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° V-10.559.644 por una parte y por la otra, el ciudadano MANUEL JOSÉ PRATO RINCON, venezolano y titular de la cédula de identidad N° V-5.658.413, parte demandada, donde deciden poner fin al presente juicio mediante TRANSACCIÓN; por cuanto se observa que dicho acto no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles, este Tribunal le imparte su HOMOLOGACIÓN y ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme a lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil.

Visto el contenido de la diligencia de fecha 10-11-1987, suscrita por el ciudadano JESÚS AMABLE MORA, venezolano, mayor de edad, casado, comerciante, titular de la cédula de identidad N° V-8.079.704, en su carácter de parte demandada, asistido por el abogado ÁNGEL ATILIO CONTRERAS MIRANDA, inscrito en el I.P.S.A. bajo 25.383, en la que manifiesta su intención de COVENIR en la demanda; por cuanto dicho acto no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, y ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Vista la diligencia de fecha 26/09/1988, suscrita por el abogado MANUEL PARILLI LA CORTE, con el carácter de apoderado judicial de la parte demandante, CONSECIONARIA DE VEHICULOS RUSTICOS S.A. (CONVERSA), por cuanto la misma equivale a un DESISTIMIENTO, y se observa que dicho acto no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN y conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; en virtud que en la presente causa no hay más actuaciones que practicar, archívese el expediente.