Por cuanto el Tribunal observa que la Defensor Ad-Litem de la parte demandada en su escrito de contestación de demanda no hizo objeción alguna a la partición ni formalizo objeción alguna relativa al dominio común, tampoco discute el carácter o cuota de los interesados, en consecuencia este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, con fundamento en el artículo antes citado, emplaza a las partes, para las diez de la mañana del décimo (10 mo) día de despacho siguiente a aquel en que conste en el expediente la notificación de las partes, para que tenga lugar el acto de NOMBRAMIENTO DE PARTIDOR en la presente causa. Y así se decide.

PRIMERO: CON LUGAR la demanda de Expropiación por Causa de Utilidad Pública intentada por la abogada RAIZA MIRELA TORRES, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 74.452, actuando con el carácter de coapoderada judicial del EJECUTIVO DEL ESTADO TÁCHIRA contra la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES LA CEIBA C.A. (INLACCA), inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 07 de marzo de 1994, bajo el N° 01, Tomo 10-A, domiciliada en Colon, Municipio Ayacucho, Estado Táchira, representada por su Presidente ciudadano JOSUE ROSALES CALDERON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 1.798.051, de este domicilio y hábil, tal expropiación es parcial, sobre un inmueble que es parte de mayor extensión ubicado en el Sector Caño de Guerra adyacencias del Barrio Cristóbal Colon, Avenida de acceso a la ciudad de Colón desde la autopista San Cristóbal La Fría, Municipio Ayacucho del Estado Táchira, cuyos linderos generales es.....

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL intentada por el ciudadano JOSE ARMANDO ROSALES ALARCON, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N° V- 5.674.486, contra el JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TÓRBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, por violación de los derechos a la tutela judicial efectiva y debido proceso, previstos en los artículos 26 y 49 Constitucionales. SEGUNDO: Se anula la sentencia dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TÓRBES DE ÉSTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL de fecha 23-10-2012; y se ordena al Juzgado que previa distribución corresponda, dictar nueva sentencia respetando los principios que se desarrollarán en el extenso de ésta decisión, en consecuencia, se suspenden los efectos de la ejecución de la sentencia accionada en amparo hasta que la presente decisión adquiera toda su firmeza. TERCERO: Por la naturaleza del asunto, no hay expresa condenatoria en costas. .....