En Consecuencia, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO NÚMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: ÚNICO: DECLARA SIN LUGAR, la solicitud de REVOCATORIA DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, formulada por la Fiscal Tercera del Ministerio Público Abg. Reina Zambrano, y en consecuencia, se MANTIENE con todos sus efectos, la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, decretada por el Tribunal Segundo de Control en fecha 10 de septiembre de 2004, a favor del ciudadano Jhan Carlos Ordóñez Contreras, por la presunta comisión del delito de ROBO ARREBATÓN

DISPOSITIVO Por los razonamientos precedentemente esbozados, este Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, resuelve: NIEGA: la entrega del vehículo Placa: PAB-76L, Serial de carrocería: 8Z2TG51803V337643, Serial de motor: 03V337643, Marca CHEVROLET, Modelo Astra convertible, USO: Particular, a la ciudadana CIRA BERTA MORENO PÉREZ.

este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN y ordena proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese, déjese copia certificada para el archivo del Tribunal. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil cuatro. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación. SONIA RAMÍREZ DUQUE Jueza Provisoria FRANK VILLAMIZAR RIVERA Secretar.....

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley DECLARA: EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA PRINCIPAL, impuesta al ciudadano LUIS ALBERTO TORRES BECERRA, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V.- 9.465.251, residenciado en la Calle 6, Avenida 9, La Ceibal, Rubio, Municipio Junín, por el delito de OCULTAMIENTO DE ESTUPEFACIENTES, y por tanto DECRETA SU LIBERTAD PLENA y LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL, respecto de dicho ciudadano, todo de conformidad con el artículo 105 del Código Penal. Remítase la presente causa al Archivo de esta Circunscripción Judicial. Regís-trese su salida y déjese copia de la presente decisión para el archivo del Tribunal. Líbrese las respectivas notificaciones. Abg. VILMA CHAPARR.....

DISPOSITIVA ESTE JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY RESUELVE: PRIMERO: DECLARA COMO FLAGRANTE la aprehensión del imputado LUIS ALFREDO CARVAJAL GARCÍA, venezolano, natural de Buga, Departamento del Valle, República de Colombia, indocumentado, nacido el 18-06-1977, de 27 años de edad, concubinato, de ocupación agricultura, comerciante, domiciliado en el Machiques, calle Vargas, Sector Camprolat, Quinta Mariné, N° 140, Estado Zulia, en la presunta comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 278 del Código Penal, en perjuicio del Orden Público. SEGUNDO: Este Tribunal acuerda la prosecución de la presente causa por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: DECRETA Medid.....

En consecuencia, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control No. 7 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, resuelve de la siguiente manera: ------- Primero: Por verificarse, en su totalidad, los requisitos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, se califica como Flagrante en la aprehensión de los ciudadanos: MANRRIQUE GALLO EMERSON, dice ser colombiano, natural de Cúcuta Republica de Colombia, nacido el 1/09/1974, indocumentado, de 30 años de edad, domiciliado en Calle 7ª, No. 6-27 Lomitas, Cúcuta Colombia, chofer, hijo Luís Tolosa (v) y María Castiblanco (v), practicada en fecha 28/1/05 a la 5:00 de la mañana.------------------------------------------ Segundo: Se ordena la aplicación del procedimiento abreviado, por estar así previsto en el artículo 373 deL Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual, se ordena la remisión de la causa al Juzg.....

ESTE JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY RESUELVE: PRIMERO: DECLARA COMO FLAGRANTE la aprehensión del imputado PEDRO PABLO MANZANO BARRERA, venezolano, natural de GRAMALOTE, Norte De Santander, República de Colombia, titular de la cédula de identidad N° 21.706.130, de 40 años de edad, estado civil divorciado, de ocupación comerciante, domiciliado en el calle 9, N° 5-31, Barrio el Cementerio, Colón, Municipio Ayacucho, Estado Táchira, en la presunta comisión del delito de ACCESO INDEBIDO A SISTEMAS PROTEGIDOS, previsto y sancionado en el artículo 9 y 6 de la Ley Especial Contra Delitos Informáticos SEGUNDO: Este Tribunal acuerda la prosecución de la presente causa por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: DECRETA Medida C.....

En consecuencia, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control No. 7 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, resuelve de la siguiente manera: ------- Primero: Por verificarse, en su totalidad, los requisitos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, se califica como Flagrante en la aprehensión de los ciudadanos: ORDOÑEZ TORRES MARÍA ESPERANZA, dice ser colombiana, natural de Cúcuta Republica de Colombia, nacido el 30/10/1965, titular de la cédula de identidad para residentes No. E-83.672.036, de 39 años de edad, domiciliada en la calle El Muro, casa sin número, dos cuadras arriba del Mercal, San Josecito Municipio Torbes del Estado Táchira, comerciante, hijo Luis Ordoñez (f) y Ana Torres (f), practicada en fecha 28/1/05 a la 5:00 de la mañana.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo: S.....

San Cristóbal, 20 de Mayo del año 2005. 195º y 146º Vista el acta anteriormente celebrada de CESION DE GUARDA PROVISIONAL entre los ciudadanos MARTINEZ CORDOBA YAINETH CAROLINA y BELTRÁN BELTRÁN ALCIDES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros V.- 15.989.435 y V.- 12.253.712, los cuales en presencia de la ciudadana Juez llegaron al siguiente acuerdo: PRIMERO: La madre manifiesta que por cuanto ella no tiene los recursos económicos suficientes para tener a su hijo, que se encuentra estudiando, que vive en casa de una prima, que desea irse a la ciudad de caracas a trabajar y que su hijo en varias oportunidades le ha manifestado querer vivir con su papá, ella CEDE PROVISIONALMENTE LA GUARDA de su hijo el niño ANDERSON ALCIDES a su padre el ciudadano BELTRÁN BELTRÁN ALCIDES. SEGUNDO: El padre acepta la Guarda de su hijo y manifiesta que cuando mejore las condiciones de la ciudadana YAINETH CAROLINA, manteniendo estabilidad en todos sus aspectos y.....

Se declaró la nulidad de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones en fecha 25/09/2003, se acordó reponer la causa al estado de que la corte conozca de las apelaciones interpuestas por la defensa y el Ministerio Público y se declaró inoficioso entrar a analizar el recurso de revocación interpuesto por el abogado André Osmani Venegas.