El JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO, BANCARIO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR, la presente inhibición formulada por el Abg. NELSON WLADIMIR GRIMALDO H., Juez Suplente Especial Nº 1 del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en la causa que cursa ante el referido Juzgado, signada con el Nº 31688, juicio seguido por la ciudadana PETRA FRANCISCA AGUILAR CHACON, contra el ciudadano LINO RAMÓN BRICEÑO PATIÑO, por DIVORCIO. Ordenó remitir con oficio copia certificada de la presente decisión al Juez inhibido y a los demás Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.

MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVA DEL BIEN INMUEBLE CUMPLIDA

Por las razones expuestas esta Sala Unica de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por el abogado Ramón Fernández Vega, en la que denuncia la violación del artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del abogado Jorge Ochoa Arroyave, Juez de Primera Instancia en Funciones de Control N° 8, de este Circuito Judicial Penal.

SE DECLARO CON LUGAR EL RECURSO DE REVISION DE SENTENCIA

SE ADMITIO RECURSO DE REVISION

SE ADMITIO RECURSO DE REVISION

SE ADMITIO RECURSO DE REVISION

1.- DECLARA CON LUGAR el recurso de revisión, interpuesto por el penado JOLHMAN ALVEIRO CARRILLO BAYONA,. 2.- SE REBAJA EN UN (01) AÑO Y OCHO (8) MESES, la pena que le fuera impuesta al ciudadano JOLHMAN ALVEIRO CARRILLO BAYONA,, en la sentencia definitiva y firme, dictada el 29 de Agosto de 2003 por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, a través de la cual fuera condenado a cumplir diez (10) años de prisión, por encontrarlo culpable en la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en esa fecha, en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (ahora derogada); pena que en definitiva le queda en TRES (03) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISION, en virtud de la reciente promulgación de la nueva Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que co.....

esta Corte de Apelaciones lo ADMITE de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455 en concordancia con el artículo 474, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, y acuerda resolver sobre la procedencia de la cuestión planteada dentro de los diez (10) días de audiencia siguientes al de hoy. Así mismo la Corte observa y deja anotado que, si bien los defensores no poseen legitimidad expresa para intentar el recurso de revisión conforme se desprende del contenido del artículo 471 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala en atención a la garantía de una tutela judicial efectiva del derecho de defensa y la supremacía de la Justicia, previstos en los artículos 26, 49 ordinal 1° y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo admite.

esta Corte de Apelaciones lo ADMITE de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455 en concordancia con el artículo 474, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, y acuerda resolver sobre la procedencia de la cuestión planteada dentro de los diez (10) días de audiencia siguientes al de hoy. Así mismo la Corte observa y deja anotado que, si bien los defensores no poseen legitimidad expresa para intentar el recurso de revisión conforme se desprende del contenido del artículo 471 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala en atención a la garantía de una tutela judicial efectiva del derecho de defensa y la supremacía de la Justicia, previstos en los artículos 26, 49 ordinal 1° y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo admite.