De lo expuesto anteriormente, se evidencia que al intentar la demanda en la forma como lo hizo, se estaría en presencia de violación de normas procesales de eminente orden público, lesionando así el derecho constitucional al Debido Proceso consagrado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, en virtud, de que existe la duda de que la ciudadana Mérida Ramírez Montero, este viva o haya fallecido, y siendo la parte demandada necesaria para formar la relación procesal en la presente litis, a los fines de que ejerza la defensa que crea necesaria para salvaguardar sus derechos e intereses, conforme a los principios legales y constitucionales, por ende, la presente demanda atenta contra el orden público y no cumple con lo exigido en la ley adjetiva para su admisión. En consecuencia, resulta forzoso concluir que es INADMISIBLE la demanda incoada por el ciudadano Edgar José Toro Cabello, asistido por el abogado Cesar Josué Ochoa Perez.

Siendo ello materia de orden público, y por cuanto existe un fin útil, como es el restablecimiento de tal garantía constitucional, es por lo que conforme a los criterios jurisprudenciales referidos y a lo preceptuado en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículo 15 y 206 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal acuerda reponer la causa al estado de promover pruebas. En consecuencia, se abre el lapso probatorio a partir de que conste en autos la notificación del último, y en tal virtud se nombran como Defensores Ad-litem de la parte co-demandada a la abogada MARILIA ALMARI GUERRERO, venezolana, mayor de edad, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 98.732, de este domicilio y hábil, y como defensor ad-litem de los herederos desconocidos del de cujus LAUREN USECHE, al abogado JOSE LUIS ARANGO MORALES, venezolano, mayor de edad, inscrito en el I.P.S.A. bajo el NC 129.270, de este domicilio y hábil, quienes retomarán la.....