DECLARA: 1º: INCOMPETENTE para pronunciarse sobre la presunción de admisión de hechos por incomparecencia de la demandada a la audiencia preliminar primigenia. 2°: SE DECLINA LA COMPETENCIA para conocer del presente asunto, al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial, por tratarse del juzgado competente para decidir sobre la presunción de admisión de hechos generada en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar primigenia.

Se HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada y ordenará la remisión del expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, una vez transcurrido el lapso para apelar del contenido de la presente acta. Se hacen tres ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto.

DECLARA: 1º: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA, que por cobro de indemnizaciones por accidente ocupacional y otros conceptos, interpuso la Yumaira Josefina León León, en contra de Corporación Eléctrica Nacional. 2°: SE CONDENA a la demandada a pagar la cantidad total de Bs. 399, 15. 3°: NO HAY CONDENATORIA en costas.

DECLARA: 1°: ADMITE preliminarmente el referido recurso contencioso administrativo de nulidad incoado. 2° IMPROCEDENTE la medida cautelar de amparo solicitada en la demanda de nulidad incoada por el abogado Jesús Armando Colmenares Jiménez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el n. º 74.418, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), en contra de la providencia administrativa n. º 1416-2015 de fecha 27.7.2015, emanada de la Inspectoría del Trabajo General Cipriano Castro del estado Táchira, en el expediente n. º 056-2013-00001 nomenclatura llevada por ese órgano administrativo. 3°: SE ORDENA notificar mediante oficio con inserción de copias certificadas de la presente sentencia a la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela.