Por lo anteriormente expuesto, esta Jueza Unipersonal No.4 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la demanda de DIVORCIO incoada por la ciudadana YORYINA CAICEDO QUIÑÓNEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.V-21.320.452, representada por la abogada MARIA TERESA OSORIO, inscritas en el INPREABOGADO bajo el No.72.086, en contra del ciudadano JOSE GREGORIO CORREDOR FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.V-11.493.790. En consecuencia queda disuelto el vínculo conyugal contraído en fecha 26 de junio de 1998 por ante el Juzgado Cuarto de Parroquia de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, según acta de matrimonio N°.10. En cuanto al niño JOSSERT GREGORIO CORREDOR CAICEDO, se acuerda que la patria potesta.....

Se admitió recurso de apelación

Se declaró Sin Lugar la demanda

este Juzgado conforme a la norma prevista en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, le imparte la HOMOLOGACIÓN DE LEY, acuerda proceder como en Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal.

CON LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadana María Belen Montoya, Se ordena a la demandada Karins Yaneth Valbuena Fajardo desalojar el inmueble objeto de la acción, se condena a la demandada al pago de la cantidad de SETECIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs.720.000,oo) como indemnización por los daños y perjuicios causados a la Arrendataria por la falta de pago de los cánones de arrendamiento

De acuerdo con la norma y los criterios jurisprudenciales antes transcritos, y de la revisión del escrito libelar y de los recaudos anexos se advierte que el documento donde consta la relación contractual, de la cual deriva la obligación es un instrumento privado sujeto a su respectivo reconocimiento; en virtud de lo cual, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, NIEGA la medida preventiva de SECUESTRO solicitada por la parte actora, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal. SONIA RAMÍREZ DUQUE Jueza Provisoria FRANK ADOLFO VILLAMIZA RIVERA Secretario En la mima fecha se dictó y publicó la anterior decisión, quedando registrada bajo el Nº 188, siendo las 11:30 a.m., y se dejó copia certi.....

Por lo tanto, esta Juzgadora considera que la parte demandante al no haber impulsado la intimación, incumplió con las obligaciones que la ley le impone. En tal virtud, y con base en el criterio establecido por nuestro Máximo Tribunal, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio conforme a la norma transcrita

Por lo tanto, esta Juzgadora considera que la parte demandante al no haber impulsado la intimación, incumplió con las obligaciones que la ley le impone. En tal virtud, y con base en el criterio establecido por nuestro Máximo Tribunal, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio conforme a la norma transcrita.

Por lo tanto, esta Juzgadora considera que la parte demandante al no haber impulsado la intimación, incumplió con las obligaciones que la ley le impone. En tal virtud, y con base en el criterio establecido por nuestro Máximo Tribunal, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio conforme a la norma transcrita.

Por lo tanto, esta Juzgadora considera que la parte demandante al no haber impulsado la intimación, incumplió con las obligaciones que la ley le impone. En tal virtud, y con base en el criterio establecido por nuestro Máximo Tribunal, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio conforme a la norma transcrita