ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: PRIMERO: DECLARA DESISTIDA LA ACUSACIÓN PRIVADA incoada por el apoderado Judicial el Abogado JOSÉ FLORENCIO CAMPOS ALVARADO, titular de la Cédula de Identidad número V-3.286.659, a favor del ciudadano WITERMUNDO SALVATIERRA GUERRERO, titular de la Cédula de Identidad número V-10.177.788. Todo de conformidad con el artículo 407 del Código Orgánico Procesal Penal.

ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: PRIMERO: DECLARA DESISTIDA LA ACUSACIÓN PRIVADA incoada por el ciudadano JOSÉ LEONARDO MONSALVE FIGUEREDO, titular de la Cédula de Identidad número V-5.644.635, asistido en este acto por el abogado PEDRO GERARDO PINEDA CÁRDENAS, titular de la Cédula de Identidad número V-5.020.633. Todo de conformidad con el artículo 407 del Código Orgánico Procesal Penal.

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO NÚMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE:ÚNICO: SE DECRETA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y EN SU EFECTO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 numeral 6, en concordancia con el artículo 110 primer aparte infine, ambos del Código Penal, y el artículo 300 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, a favor de la ciudadana EMILSE GÁMEZ SÚAREZ, de nacionalidad Colombiana, titular de la cédula de ciudadanía N° CC-63.545.806, nacida en fecha 19-09-1981, de 30 años de edad, comerciante, residenciado en el Barrio el Terminal, calle principal, casa S/N, El Vígia, Estado Mérida, por la comisión del procedimiento de FALTA EN MATERIA DE CONTRABANDO, prevista y sancionada en el artículo 23 de la Ley sobre el Delito de Contrabando.