Noticia Detallada - TSJ Regiones

La Inspectoría General de Tribunales arribó al estado Táchira el pasado lunes 16 de abril para llevar a cabo una inspección a los sedes judiciales, así como un operativo de recepción de quejas y denuncias a jueces del estado por parte de los justiciables y la comunidad en general. Para tales fines se ubicó en la Mezzanina del Edificio Nacional de San Cristóbal, donde permanecerá hasta el viernes 20 de abril.

La información la dio a conocer Pedro Alejandro Parra, consultor jurídico de la Inspectoría General de Tribunales (órgano auxiliar del TSJ), quien señaló que esta labor se efectúa en conjunto con la Defensoría del Pueblo y forma parte de una gira nacional que adelanta la Inspectoría, cuyo inicio tuvo como sede a Nueva Esparta.

¿Nuestra misión es vigilar los tribunales, pero también la conducta de los jueces. Desplegamos un equipo en los tribunales del Táchira para recibir de viva voz las denuncias y reclamos que el colectivo social realice en contra de actuaciones de jueces, ya sea por retardo procesal, emisión de copias, conductas extrañas y afines, las cuales se procesan en el mismo sitio¿.

Parra agregó que si las denuncias son sólidas, en contra de un tribunal en específico, se llevan a Caracas y allí determinan lo que se debe hacer al respecto.

El consultor jurídico comentó que no es fácil, pero tampoco imposible. Por ello citó a Jorge Eliécer Gaitán: "Lo fácil está hecho, lo difícil lo haremos y lo imposible lo venceremos", recordando que existe una Ley de Simplificación de Trámites Administrativos que los obliga a ser celosos con el tiempo.

¿Si estamos acá es para dar respuesta esta misma semana. Parte inicial del trabajo que hemos venido a hacer abarca a la Defensoría del Pueblo, ya que entre ambas instituciones hay un pacto integracionista de acción social. Estamos en la obligación real de hacer más viable el camino a los que menos tienen, llevar su cruz de la manera más digna y ayudarles con su carga social¿.

En ese sentido, agradeció la colaboración de los miembros del Frente Socialista de Trabajadores Tribunalicios (FSTT) en esta labor importante que realizan en Táchira con las comunidades organizadas a las cuales se les indica y explica en qué consiste la Inspectoría General de Tribunales y la Defensoría del Pueblo, con miras a que la labor sea de participación ciudadana e inclusión social.

¿Tenemos que velar porque el juez actúe con ética y responsabilidad, imparcialidad, honestidad, transparencia y compromiso social¿apuntó Parra.

El procedimiento por denuncia es netamente administrativo y su finalidad consiste en determinar la comisión o no de falta disciplinaria (amonestación, suspensión o destitución), a tenor de lo establecido en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, y 38, 39 y 40 de la Ley de Carrera Judicial.