Noticia Detallada - TSJ Regiones

Con la novedosa participación de los Consejos Comunales, que son parte activa de las sentencias que se le dictan a quienes transgredan la ley, treinta (30) privados de libertad que se encuentran en el Centro de Residencia Supervisada Dr. Juan Antonio Tovar Guédez, en el municipio Independencia del estado Táchira, participan en el cultivo de más de 20 rubros, como parte de la sanción penal impuesta por el Poder Popular.

La jueza rectora de la entidad andina, Ledy Yorley Pérez, explicó que los tribunales de ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, hacen letra viva lo que reza el nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP), estableciendo como medida sustitutiva de la sanción, el trabajo comunitario en el Centro de Residencia Supervisada Dr. Juan Antonio Tovar Guédez, ubicado en El Valle, a 30 ciudadanos que han cometido hechos punibles y que han cumplido parte de su pena.

"En un trabajo articulado entre el Poder Judicial del estado Táchira, el ministerio de Asuntos Penitenciarios y las comunidades organizadas de El Valle, treinta judicializados han emprendido la instalación de la agricultura urbana sostenible, en cinco hectáreas ubicadas en el centro de residencia supervisada, donde han recibido capacitación técnica por parte del ministerio de Agricultura y Tierras, a fin de obtener oportunidades que les permitan reintegrarse a la sociedad y al aparato productivo del país", enfatizó la también presidenta del Circuito Judicial Penal.

En este sentido, señaló que en el marco de la corriente humanista del derecho penal, el Poder Judicial del estado Táchira con las comunidades, logran la innovación de mecanismos de solución de conflictos, en los cuales los Consejos Comunales, surgen e imponen qué tipo de sanción se le debe reportar al transgresor y que éste haga un resarcimiento del daño causado.

En este sentido, recordó que el Poder Judicial ha impartido talleres informativos sobre las atribuciones de las organizaciones comunitarias en el control y vigilancia de las medidas impuestas por los tribunales especiales penales y ordinarios.