Se decreta el sobreseimiento de la causa a favor del ciudadano Ignacio Jiménez Rojas a tenor de lo establecido en los artículos 49 ordinal 7°, en concordancia con lo establecido en el artículo 300 ordinal 3° y en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena hacer cesar la persecución penal en contra del referido ciudadano y consecuencialmente se declara la extinción de la acción penal, declarándose cosa juzgada y el cese de todas las medidas.

lugar lo solicitado por la abogada Yolimar Carolina Vera Ramírez, en su condición de Defensora Pública Primera Penal Especializada en Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Táchira, actuando con el carácter de defensora del ciudadano Néstor Antonio Duque Ramírez, plenamente identificado, en la causa penal signada con el N° 2C-SP21-S-2015-0036830 por la presunta comisión del delito de amenaza a gravada y violencia física, previsto y sancionado en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cometido en perjuicio de Marilu Galvis, mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2019. En consecuencia se decreta el cese de las medidas de coerción personal dictadas en fecha 17 de octubre de 2015 en contra del ciudadano Néstor Antonio Duque Ramírez; esto es, las presentaciones cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo del Circuit.....

SEGUNDO: Ratifica las medidas de protección y seguridad, decretadas en fecha 6 de mayo de 2019, es decir, las previstas y sancionadas en el artículo articulo 90 numerales 3 y 5; esto es: NUMERAL 3: Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común, independientemente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral física, psiquiátrica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer, debiendo retirar sus enseres de uso personal. Y, NUMERAL 5: Prohibir o restringir al presunto agresor, el acercamiento a la mujer agredida; en consecuencia imponer al presunto agresor la Prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Especial que rige la materia