Ahora bien, observado lo anterior, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, tomando como base las normas antes transcritas SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del presente procedimiento en razón del territorio, en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA, en el Juzgado de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en razón del territorio, y así se decide. Remítase el presente expediente al Juzgado sobre el cual fue declinada la competencia.

En razón de todo lo antes observado lo cual, esta administradora de justicia, tomando como base las normas y los criterios jurisprudenciales aquí transcritos, previo análisis del libelo de demanda y de los recaudos consignados para avalar dicho pedimento, NIEGA la medida preventiva de SECUESTRO solicitada por la parte actora, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Vista la transacción celebrada en fecha 09 de marzo del presente año, entre la parte demandante, ciudadano PABLO CESAR RUIZ MONCADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-14.099.535, y domiciliado en el Municipio Andrés Bello del estado Táchira, debidamente asistido por el abogado en ejercicio HECTOR JOSE CONTRERAS CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.156.382 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 104.634; y la parte demandada, ciudadano TITO ARMANDO MORA PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.748.984, y de este domicilio, asistido por el abogado en ejercicio ANDREY VIVAS MONTERROSA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.177.122, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 90.569; este Juzgado en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a la norma prevista en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, .....

En razón de todo lo antes observado lo cual, esta administradora de justicia, tomando como base las normas y los criterios jurisprudenciales aquí transcritos, previo análisis del libelo de demanda y de los recaudos consignados para avalar dicho pedimento, NIEGA la medida preventiva de SECUESTRO solicitada por la parte actora, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.