Por los razonamientos ya expuestos, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR, la demanda interpuesta por el ciudadano ERINSON ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No.14.147.728, de este domicilio, a través de la procuraduría de Trabajadores del Estado Táchira, contra la empresa SEGURICOR DE VENEZUELA S.A., inscrita en el Registro Séptimo Del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 02 de junio de 2.000, bajo el No. 55 del tomo 105-A, en la persona de su representante legal ciudadano JOSE GABINO APOLINAR, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No.9.216.451, por Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos; en consecuencia, CONDENA a la demandada a lo siguiente: PRIMERO: Pagar al demandante la cantidad de, UN MILLO.....

Por lo tanto, esta Juzgadora con base en lo precedentemente expuesto, considera que la parte demandante al no haber impulsado la citación de los demandados, en el término estipulado en el artículo transcrito, incumplió con las obligaciones que la Ley le impone. En tal virtud, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento.