Con fuerza de los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, al observar que son concurrentes los extremos de ley necesarios para la procedencia de las medidas solicitadas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta: PRIMERO: Medida Cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre: un área de terreno de ciento cincuenta metros cuadrados (150 mts), ubicado en la calle 3C, No. 1-287, Palo Gordo, Parte Baja, Municipio Cárdenas del Estado Táchira, cuyos linderos y medidas son: NORTE: con Sociedad Mercantil Empresas del Cerro, C.A. (EMCERCA), mide siete metros con cincuenta centímetros (7,50mts); SUR: con calle 3C (mide 9,00 mts de ancho), mide siete metros con cincuenta centímetros (7,50 mts); ESTE: con Sociedad Mercantil Empresas del Cerro, C.A. (EMCERCA), mide veinte metros (20,00 mts) y OESTE: con Sociedad Merc.....

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por el abogado JUVENAL ANTONIO BORJAS FERNÁNDEZ, con Inpreabogado No. 70.587, contenida en diligencia de fecha 05 de agosto de 2002 (f. 66), sobre la sentencia definitiva dictada en primera instancia en fecha 22 de julio de 2002, inserta del folio 61 al folio 65 y sus vueltos, proferida por el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, hoy día Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de ésta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: Se confirma, aún con diferente motivación, la sentencia de primera instancia antes descrita, es decir, la sentencia definitiva dictada en fecha 22 de julio de 2002, inserta del folio 61 al folio 65 y sus vueltos, proferida por el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, hoy día Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de.....

En el caso que nos ocupa se puede constatar que desde el 29 de julio de 2014, hasta la presente fecha, han transcurrido más de dos (2) años, sin que se haya realizado ningún acto para impulsar el procedimiento, como sería el tendente a impulsar la citación de la parte demandada, lo que evidencia inactividad para propulsar el proceso. En tal virtud, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento judicial. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Archívese el presente expediente en su oportunidad legal.

En el caso que nos ocupa se puede constatar que desde el 30 de octubre de 2014, hasta la presente fecha, han transcurrido más de un (1) año, sin que se haya realizado ningún acto para impulsar el procedimiento, como sería el tendente a impulsar la citación de la parte demandada, lo que evidencia inactividad para propulsar el proceso. En tal virtud, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento judicial. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Archívese el presente expediente en su oportunidad legal.

Establece en la parte final del artículo 756 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: "...Artículo 756.- Admitida la demanda de divorcio o de separación de cuerpos, el Juez emplazará a ambas partes para un acto conciliatorio en el cual las excitará a reconciliarse, haciéndoles al efecto las reflexiones conducentes. Este acto tendrá lugar pasados que sean cuarenta y cinco días después de la citación del demandado, a la hora que fije el Tribunal. A dicho acto comparecerán las partes personalmente y podrán hacerse acompañar de parientes o amigos, en número no mayor de dos por cada parte. La falta de comparecencia del demandante a este acto será causa de extinción del proceso..." Subrayado de este Tribunal. Y no habiéndose efectuado el Primer Acto Conciliatorio, por la falta de comparecencia del demandante, su consecuencia jurídica es la Extinción del proceso, por lo que este Tribunal DECLARA EXTINGUIDA LA INSTANCIA EN LA PRESENTE CAUSA y así formalmente se decide.

En el caso que nos ocupa se puede constatar que desde el 16 de diciembre de 2014, hasta la presente fecha, han transcurrido más de un (1) año, sin que se haya realizado ningún acto para impulsar el procedimiento, como sería el tendente a impulsar la citación de la parte demandada, lo que evidencia inactividad para propulsar el proceso. En tal virtud, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento judicial. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Archívese el presente expediente en su oportunidad legal.

En el caso que nos ocupa se puede constatar que desde el 19 de junio de 2014, hasta la presente fecha, han transcurrido más de dos (2) años, sin que se haya realizado ningún acto para impulsar el procedimiento, como sería el tendente a impulsar la citación de la parte demandada, lo que evidencia inactividad para propulsar el proceso. En tal virtud, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento judicial. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Archívese el presente expediente en su oportunidad legal.

En el caso que nos ocupa se puede constatar que desde el 03 de octubre de 2014 hasta la presente fecha, han transcurrido más de un (1) año, sin que se haya realizado ningún acto para impulsar el procedimiento, como sería el tendente a impulsar la citación de la parte demandada, lo que evidencia inactividad para propulsar el proceso. En tal virtud, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento judicial. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Archívese el presente expediente en su oportunidad legal.

Declara procedente lo aclaratoria solicitada, en consecuencia, este Tribunal ACLARA que la sentencia definitiva de Divorcio dictada en fecha 26 de abril de 1990, los nombres correctos de los cónyuges son "...JOSE LUIS DAU RODRIGUEZ y GINA AURORA ROJAS FLOREZ...". Y así se decide. Téngase el presente auto como parte integrante de la sentencia dictada en fecha 26 de abril de 1990. En consecuencia, a los fines de que surta los efectos legales correspondientes, expídase copias fotostáticas certificadas de la sentencia dictada el 26 de abril de 1990, del auto que la ejecuta, de la diligencia de fecha 20 de julio de 2016 y del presente auto para el Registro Civil del Municipio Bolívar y Registro Principal del Estado Táchira.

Por tanto, este Tribunal en aras de mantener la equidad y equilibrio entre las partes y por encontrar defectuosa la citación practicada según se reseñó en el párrafo anterior, REPONE LA CAUSA al estado de practicarse nuevamente la citación de la parte demandada, para lo cual el interesado deberá aportar una dirección cierta. E igualmente este Tribunal dispone requerir al Centro Nacional Electoral y al SAIME, informe sobre la dirección de la referida demandada. Una vez se encuentre aportado y verificado por los organismos a los cuales se ofició, se dispondrá la citación. Ofíciese lo conducente.