1. Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado MARYOT EFREN ÑAÑEZ, Fiscal Duodécimo (comisionado) del Ministerio Público, en Funciones de Ejecución de Sentencia y Medidas de Seguridad de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. 2. REVOCA la decisión dictada el 11 de agosto de 2009, por la Juez de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N° 03, de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual acordó la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena, al penado GUSTAVO QUINTERO RODRIGUEZ, de conformidad con lo establecido en los artículos 493 y 494 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo ordenarse la captura del penado a los fines del cumplimiento de pena impuesta por el tribunal de mérito.

Único: Se acuerda remitir las actuaciones al Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 03, de este Circuito Judicial Penal, a los fines que sean debidamente notificadas las víctimas en la presente causa, por los medios establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, para que nazca el lapso de apelación, so pena de quebrantar el derecho de defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso

1. DECLARA CON LUGAR la inhibición propuesta por el abogado JERSON QUIROZ RAMIREZ, Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 03, de este Circuito Judicial Penal, en la causa Nº 3JM-1322-07. 2. ORDENA que la causa sea pasada a otro juez de igual categoría y competencia del mismo Circuito Judicial Penal, a los fines de la prosecución del proceso, conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Primero: Declara con lugar la inhibición propuesta por el abogado JUAN JOSE APARICIO BAYEN, Juez de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N° 1 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en la causa signada con el N° 1E-3783-09, seguida contra HERWIN GUSTAVO VALERO RANGEL. Segundo: Ordena que la causa sea pasada a otro Juez de igual categoría y competencia del mismo Circuito, a los fines de la ejecución de la pena, conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.