Improcedente IN LIMINE LITIS la presente acción de amparo interpuesta por la ciudadana IMELDA DE LA CRUZ BELANDRIA DE SANCHEZ, contra la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 25 de julio de 2007, en el expediente número 5981.

Primero: Con lugar el recurso de amparo constitucional interpuesto por el abogado Miguel Ángel Paz Ramírez, inscrito en el I.P.S.A., bajo el Nº 26.147, contra la notificación practicada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial. Segundo: Ordena al agraviante, Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, reponer la causa al estado de practicar la notificación de la sentencia de fecha 22 de marzo de 2007, a las partes en su domicilio procesal. Tercero: No hay condenatoria en costas, por tratarse de un amparo constitucional contra decisión judicial. Cuarto: Remítase a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Táchira, con oficio, copia certificada de la presente sentencia.

En tal sentido este Tribunal Superior Primero en lo civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente actuando en Sede Constitucional, Ordena al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripción Judicial admitir el recurso de amparo constitucional, interpuesto por los ciudadanos Alfonso Gómez Fuentes y Carmen Sofía Gómez, asistidos por la abogada Iraima C Alarcon, contra las actuaciones u omisiones realizadas por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en el expediente N° 4027. en consecuencia Tramítese por el procedimiento oral, público, breve y gratuito, establecido en los artículos 27, 49 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 2 de febrero del 2000.