DECISIÓN En fuerza de los argumentos supra señalados, esta Sala Accidental Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Niega la Homologación del desistimiento planteado por la abogada MARÍA T. PERDOMO AZUAJE, DEFENSORA PÚBLICA PENAL QUINCUAGÉSIMA TERCERA (53°) DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en su carácter de defensora del imputado MARCO VINICIO VALENZUELA JIMÉNEZ. SEGUNDO: Se declara INADMISIBLE por causal sobrevenida, la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la abogada MARÍA T. PERDOMO AZUAJE, DEFENSORA PÚBLICA PENAL QUINCUAGÉSIMA TERCERA (53°) DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en su carácter de defensora del imputado MARCO VINICIO VALENZUELA JIMÉNEZ, en contra de la omisión del Juzgado Trigésimo Quinto (35°) de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal.

Se dictó sentencia en la que se DECLARA CON LUGAR, la Inhibición planteada por la Dra. YAQUELINE LANDAETA VILERA, Juez Unipersonal Nº XIV de la Sala de Juicio del Circuito de Protección del Niño, Niña y Adolescente de esta Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 31 de julio de 2008.

Con fundamento en los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara parcialmente Con Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el abogado DONALDO BARROS C., en su carácter de defensor de la ciudadana NORMA JOSEFINA BORGES DORANTES, en contra de la sentencia publicada en fecha 14 de Marzo de 2008 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual condena a la ciudadana NORMA JOSEFINA BORGES DORANTES, a cumplir la pena de Dos Años de Prisión, por considerarla responsable de la comisión del delito de TRAFICO DE INFLUENCIAS, previsto y sancionado en el artículo 71 de la Ley Contra la Corrupción, así como a las penas accesorias a la de prisión establecidas en.....

Sentencia Definitiva en el presente juicio que por Cumplimiento de contrato de arrendamiento por vencimiento del término inocara la ciudadana AMALIA COLICCHIO DE PETITTO contra la ciudadana MARÍA JOSEFINA MAS, declarándose CON LUGAR la pretensión de la parte actora y en consecuencia: Primero: Se condena a la demandada a hacer la entrega del inmueble arrendado, constituido por un apartamento identificado como (101-A) ubicado en el Edificio Centro Polo I, de la calle Chama, Urbanización Colinas de Bello Monte, Municipio Baruta del Estado Miranda. Segundo: Se condena a la parte demandada a pagarle a la actora la suma de (BsF.4.829,3) por concepto de daños y perjuicios ocasionados por la estadía en el inmuble desde el día 01 de marzo de 2.008 hasta la presente fecha. Tercero: Se condena en costas a la parte demandada.

DECRETA: Practíquese medida de embargo ejecutivo sobre: Bienes propiedad de la contribuyente, los cuales serán señalados en su oportunidad por los representantes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), hasta por el monto de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 79.968,00) el cual corresponde al doble de la cantidad demandada, mas el monto de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON CUATRO CENTIMOS (Bs. 3.998,04) por concepto de intereses y costas en el proceso. . En caso de que se practique la medida de embargo sobre dinero en efectivo, será por el monto de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 39.984,00) el cual corresponde a la cantidad demandada más el monto de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON DOS CENTIMOS (Bs. 1999,2) por concepto de intereses y costas en el proceso.

DECRETA: Practíquese medida de embargo ejecutivo sobre: Bienes propiedad de la contribuyente, los cuales serán señalados en su oportunidad por los representantes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), hasta por el monto de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 65.554,94) el cual corresponde al doble de la cantidad demandada, mas el monto de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLIVARES CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 3.277,74) por concepto de intereses y costas en el proceso. . En caso de que se practique la medida de embargo sobre dinero en efectivo, será por el monto de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE BOLIVARES CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 32.777,47) el cual corresponde a la cantidad demandada más el monto de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 1.638,87) por concepto de intereses y costas en el proceso.

este Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas, después de revisar exhaustivamente el escrito, en primer lugar, los poderes que cursa inserto a los folios (12) al (13), y del (51) al (55) del presente asunto, en los cuales se acredita el carácter de los apoderados judiciales de la parte actora y demandada, y sus facultades expresa para desistir y transigir en el presente juicio. Así mismo comprobando por este Juzgador, que el referido escrito transaccional cumple con los requisitos exigidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, al no vulnerar derechos irrenunciables del trabajador ni normas de orden público, le imparte su HOMOLOGACIÓN en cada uno de los términos expuestos, ya que cumple con los requisitos exigidos para su validez y eficacia, dándole efectos de cosa juzgada. Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Vigésimo Cuarto (24°).....

esta Juez Unipersonal No. XII, lo admite cuanto ha lugar en derecho, por cuanto no es contraria a ninguna disposición de Ley, al orden público ni a las buenas costumbres, en consecuencia, y por cuanto se exhortó a los cónyuges a la reconciliación sin lograrse ésta, este Tribunal decreta dicha SEPARACION DE CUERPOS y BIENES, en los mismos términos, fines y condiciones por ellos convenidos, de conformidad con el artículo 189 y 190 del Código Civil, en concordancia con el Parágrafo Primero del artículo 762 del Código de Procedimiento Civil.

En base a las anteriores observaciones, ESTA SALA Nº 3 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: DECLARA SIN LUGAR la pretensión del Dr. LUIS ANTONIO DORTA GARCIA, en su carácter de Fiscal Vigésimo Sexto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas en colaboración con la Fiscalia Vigésima Cuarta, en contra de la decisión dictada por la Juez Vigésima Séptima de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 16 de Septiembre del corriente año, mediante la cual acordó la libertad plena del ciudadano YHONNY LEANDRO CHAVEZ BELLO, por no encontrarse llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia, se CONFIRMA tal determinación, de conformidad con lo establecido en el artículo 450 del Texto Penal Adjetivo.- Regístrese, déjese copia, notifíquese y rem.....

En mérito de las anteriores consideraciones, esta Corte Superior Primera del Circuito de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE, la presente solicitud de exequátur por ser contraria a disposición expresa de ley, por aplicación analógica del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 852 eiusdem, así como por la perdida del interés procesal por parte de la solicitante, ello de conformidad con la doctrina de la Sala Constitucional, supra transcrita.