En razón de lo cual, esta operadora de justicia, tomando como base las normas y los criterios jurisprudenciales aquí transcritos, previo análisis del libelo de demanda y de los recaudos consignados para avalar dicha solicitud, NIEGA la medida preventiva de SECUESTRO solicitada por la parte actora, por vía de causalidad, toda vez que no se encuentran llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

En razón de todo lo precedentemente expuesto, existiendo en el lugar de domicilio de la demandada, un Juzgado de igual Categoría a la de este, el cual es, el Juzgado del Municipio Pedro María Ureña de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, es por lo que, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del presente procedimiento, en razón del territorio, toda vez, que la demandada se encuentra domiciliada en jurisdicción del Municipio Pedro María Ureña, en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA, en el Juzgado del Municipio Ureña de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, SIN LUGAR la demanda de COBRO DE BOLÍVARES VÍA EJECUTIVA intentada por la Sociedad Mercantil RENTABLES C.A., contra los ciudadanos TULIO MARTÍNEZ PÉREZ y SYLVIA DEL GALLEGO DE MARTÍNEZ, todos identificados en esta Sentencia, en consecuencia, condena en costas a la parte demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Vista la Transacción celebrada en fecha 07 de junio del año en curso, entre el demandado, abogado en ejercicio JIMMY ANGEL URDANETA CORDERO, titular de la cédula de identidad N° V- 2.073.082, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 9.720; y el abogado en ejercicio MAURICIO BERNAL ALVAREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 74.406, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandante, ciudadano ELEODORO JOSÉ RODRÍGUEZ ARANGUREN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 436.593; esta Juzgadora una vez revisada la referida transacción, observando que no es contraria a derecho, actúa de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, a impartirle la HOMOLOGACION DE LEY, acordando proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal.