TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURÍN, AGUASAY Y SANTA BÁRBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS

Maturín, (19) de Octubre de 2.026

216º y 167º

De conformidad con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la causa en el caso bajo análisis quedó planteada en los siguientes términos:

PARTE DEMANDANTE: KIRVIN JHOJAN INSIGNARES HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-23.538.761, domiciliado en La Urbanización los Tapiales II, Calle Principal, Casa N° 65, de la Parroquia las Cocuizas del Municipio Maturín del estado Monagas, con número telefónico: 0424-9398567 y con correo electrónico: kirvinsignares@gmail.com.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: LUIS RAMON GONZALEZ RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.480.425 abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N° 27.444 y de este domicilio. (Facultad que consta en poder Apud acta inserto al folio 11).-

PARTE DEMANDADA: ANA CECILIA GOMEZ SALAZAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-21.051.942, domiciliada actualmente en la Ciudad de Boa Vista, estado de Roraima de la Republica Federativa de Brasil, con número telefónico: +55-9584105862 y correo electrónico: gomezsalazaranacecilia@gmail.com.-

MOTIVO: DIVORCIO POR DESAFECTO.-

EXPEDIENTE Nº: 5.882-2026

RESOLUCIÓN N°: T3-MOEM-2026-513.-

DE LOS ANTECEDENTES

La presente causa se inició por escrito de demanda, presentado en fecha 10 de Agosto del año 2.026, ante este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del estado Monagas; el cual se encontraba en función de distribuidor, procediéndose a darle entrada y admitir en fecha 12 de Agosto del mimo año, por cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, se ordenó formar expediente, numerarse y anotarse en el libro de causas respectivo, asignándole el N° 5.882-2026, ordenándose la respectiva Citación de la parte demandada y la Notificación del Ministerio Público del estado Monagas.

La parte demandante, en su escrito libelar expuso lo siguiente y se cita:

“(…) En fecha Dieciséis (16) de Diciembre de 2016, contraje Matrimonio Civil con la ciudadana Ana Cecilia Gómez Salazar, quien es venezolano, mayor de edad, casada, titular de la cedula de identidad N° V-21.051.942 y con domicilio en el sector la Florecita, calle 05, casa N°. 04, parroquia Los Barrancos Municipio Sotillo del Estado Monagas, y actualmente domiciliada en Ciudad de Boa Vista, estado de Roraima de la República Federativa del Brasil, con teléfonos N° +55-95 8410 5862 y con correos electrónico: gomezsalazarnacecilia@gmail.com, por ante el Registro Civil de la Parroquia las Cocuizas, Municipio Maturín del Estado Monagas, quedando inserta el acta de matrimonio, bajo el N° 268, Tomo 02, de los Libros de Registro de Actas de Matrimonio llevado por esa oficina la cual acompaño marcada con la letra “A”, a fin de que la misma sea agregada a los autos, por ser esta, un documento fundamental en que se apoya esta solicitud. En dicha unión no procreamos hijos Establecimos nuestro domicilio conyugal en la siguiente dirección, Urbanización Los Tapiales II, calle principal, casa N° 65, parroquia Las cocuizas, Municipio Maturín del estado Monagas. Ahora bien ciudadana Jueza, durante el Matrimonio no se adquirieron bienes gananciales que liquidar.- En nuestra unión conyugal, los dos primeros años, hubo en nuestro hogar un ambiente normal de respeto, amor y armonía. Pero es el caso, que desde el día 17 del mes de noviembre del año 2018, surgieron situaciones distanciantes, por no podernos entender, que produjeron el referido distanciamiento, pero que desgraciadamente, nuestro muto esfuerzo de salvar nuestro hogar resultaron totalmente infructuoso, a tal punto que en la actualidad ya tenemos separados más de siete (07) años, nueve (09) meses, cada quien tiene su vida hecha, razón por la que solicito que de conformidad con la sentencia N°1070 de fecha 09 de diciembre del año 2016 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia(…)”. Finalizó la cita. (Negrita de este Tribunal).

En fecha Veinte (20) de Julio del 2.026, la parte demandante consignó diligencia, solicitando fecha y hora para que fuera fijada oportunidad para que se practicara la notificación de la parte demandada, mediante la vía telemática. (folio 11).-

En fecha Veintiocho (28) de Septiembre del 2.026, se levantó acta suscrita por el Juez Provisorio, la Secretaria y quien funge como Alguacil Accidental de este Tribunal, dejando constancia de que estando fijada la oportunidad para la práctica de la notificación mediante la vía telemática de la parte demandada, ciudadana ANA CECILIA GOMEZ SALAZAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-21.051.942, se realizó llamada al número de teléfono móvil: +55-9584105862, mediante el uso de medios telemáticos (T.I.C) conforme a la Resolución N° 001-2022 de Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y fue respondida por el mismo, quien se identificó y se le impuso del conocimiento de la presente causa; se dejó constancia se tuvo a la vista documento de identificación de la demandada y que posteriormente se le envió el libelo y la citación en formato PDF vía WhatsApp. (folios 18 y 19).-

En fecha Catorce (14) de Octubre del 2.026, comparece el Alguacil Suplente de este despacho, el ciudadano DANIEL ACUÑA, consignando BOLETA DE NOTIFICACIÓN, debidamente firmada por la Fiscalía Veintidós (22°) del Ministerio Público del estado Monagas. (Folios 23 y 24).-

DE LAS DOCUMENTALES:

PRIMERA: Cursante desde el folio 03 al folio 04, Copia Certificada de Acta de Matrimonio N° 268.-

Se trata de una documental de carácter público, conforme a lo establecido en el artículo 1.357 de la Ley Sustantiva Civil, ya que la misma se encuentra inserta bajo el Acta N° 268, con fecha 16 de Diciembre del Año 2.016 y la misma emanó del Registro Civil y Electoral de la Parroquia Las Cocuizas del Municipio Maturín del estado Monagas, siendo celebrado dicho acto, por los ciudadanos KIRVIN JHOJAN INSIGNARES HERNANDEZ y ANA CECILIA GOMEZ SALAZAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad N° V-23.538.761 y V-21.051.942; dicha documental con la que este juzgador logró corroborar el vínculo conyugal existente entre los mismos, el cual fue establecido por la parte demandante en su escrito libelar. En tal sentido, este operador de justicia conforme a lo anteriormente señalado, procede a determinar la misma pertinente con el objeto de la presente causa y conforme a lo establecido en el artículo 77 y 155 de la Ley Orgánica de Registro Civil y en consonancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se le otorga valor probatorio y así se decide.-

SEGUNDA: Cursante desde el folio 05 al folio 06, Copias Fotostáticas de Cédulas de Identidad.-

Se tratan de las identificaciones personales que constan en copia simple, de los ciudadanos KIRVIN JHOJAN INSIGNARES HERNANDEZ y ANA CECILIA GOMEZ SALAZAR, previamente identificados; Al respecto, quien aquí decide procede a determinar las mismas cómo documentales públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil y del mismo modo pertinentes con el objeto de la presente causa, por cuánto con las mismas se logró corroborar la identidad de los ciudadanos que son partes en la presente causa. En consecuencia, conforme con lo establecido en el artículo 429 de la Ley Adjetiva Civil, se le otorga valor probatorio y así decide.-

Ahora bien, una vez efectuado el recorrido procesal y las documentales que fueron aportadas por la parte demandante, pasa este Tribunal a decidir la solicitud que nos ocupa en los términos que a continuación se esbozan:

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

El matrimonio civil es una institución jurídica creada por los legisladores porque en ella se forma y desarrolla tradicionalmente la familia, célula básica de la sociedad. Así, el ordenamiento legal venezolano, ha establecido una serie de reglas propensas a resguardar la probidad de dicha institución jurídica. En este orden, se estima que el único acto jurídico permitido que disuelve la institución del matrimonio es el divorcio. Así tenemos, de conformidad a la nueva doctrina patria imperante del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1070, de fecha 09 de diciembre de 2.016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, estableció el siguiente criterio interpretativo constitucional con carácter vinculante la cual dentro de otras consideraciones estableció:

"Omissis (…) Por lo tanto, el matrimonio se erige como la voluntad de las partes, nacida del afecto, para lograr los fines de la vida en pareja y durante su lapso de vida constituir el pilar fundamental de la sociedad organizada: la familia. Así pues, en nuestra sociedad el contrato de matrimonio nace a través de un vínculo afectivo de libre consentimiento preexistente entre dos personas de distinto sexo, mediante el cual se genera una serie de derechos y deberes con el fin de realizar una vida en comunidad(…)”

Omissis (…) Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial. Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada. (…)

Omissis (…) En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas. Omissis(…).". (Negrilla de este Tribunal).-

Por otra parte, la parte demandante señaló en su libelo, que durante el vínculo matrimonial no procrearon hijos; Así mismo, señaló que no se adquirieron bienes durante la unión conyugal; y siendo que esta nueva modalidad de divorcio es de carácter no contencioso o de jurisdicción voluntaria, es por lo que se concluye para quien aquí decide, que este Tribunal tiene COMPETENCIA para conocer sobre el presente asunto, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 2023-0001, dictada por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el 24 de Mayo de 2023 mediante la cual modifica la competencia por la cuantía de los Juzgados de Primera Instancia y los de Municipio Ejecutores de Medidas en Materia Civil, de la siguiente manera:

"a) Articulo 1. Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo, según corresponda, de la siguiente manera: Los Juzgados de Municipio y Ejecutores de Medidas, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia asuntos no contenciosos cuya cuantía no exceda de de tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela (…)”. (Negrilla de este Tribunal).-

En consonancia con lo anteriormente transcrito, este operador de justicia observa que la parte demandante, manifestó en su escrito libelar que establecieron como su último domicilio conyugal, la siguiente dirección: Urbanización los Tapiales II, Calle Principal, Casa N° 65, de la Parroquia las Cocuizas, del Municipio Maturín del estado Monagas y en efecto de ello, este Tribunal procede a declarar su COMPETENCIA por el territorio para conocer de la presente causa y así se declara.-

Y siendo así, que este procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte de la cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya intervención sólo procede bajo causas específicas.-

Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir, será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 de la Ley Adjetiva Civil y por haber acudido uno de los cónyuges a solicitar el divorcio contra el otro cónyuge, se procedió con la notificación mediante la vía telemática, a través de video llamada realizada a la ciudadana ANA CECILIA GOMEZ SALAZAR, antes identificada, tal como consta acta levantada por este Tribunal, la cual riela desde el folio 18 al folio 19 de la pieza principal que conforma la presente causa. Y por consiguiente, se procede con la disolución del vínculo matrimonial. Del mismo modo, también se deja expresa constancia que consta en autos también, la notificación de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Monagas, mediante declaración efectuada por el Alguacil de este despacho, que riela desde el folio 23 al folio 24 de la misma pieza; y que una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial, debe tener como efecto la disolución del vínculo y así se decide.-

Por lo tanto, al ser considerado el procedimiento de divorcio por desafecto como de mero derecho y no contencioso, no tiene previsto medio recursivo alguno, ni ordinario, ni extraordinario, tal y como lo establece la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, reflejada en sus fallos número 357, de fecha 27 de marzo 2009, caso: Jesús Rafael Jiménez y N° 1070, de fecha 09 de Diciembre 2.016, caso: Hugo Armando Carvajal Barrios.

En este sentido, habiendo las partes del caso de marras, cumplido con los requisitos de ley que fueron anteriormente señalados y encontrándose a derecho la parte demandada y notificado como fue el Ministerio Público, es por lo que este operador de justicia, considera que la acción de divorcio por desafecto se encuentra dentro del marco legal establecido, motivo por el cual dicha petición debe de prosperar y así se decide.-

DISPOSITIVA

Por todas y cada una de las razones que anteceden este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Código Civil, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con la Sentencia N° 1070 de fecha 09 de Diciembre de 2.016, de carácter vinculante, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la Sentencia N° 136 del treinta (30) de Marzo de dos mil diecisiete 2.017, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declara PRIMERO: CON LUGAR la presente causa por motivo de DIVORCIO POR DESAFECTO intentada por la ciudadana KIRVIN JHOJAN INSIGNARES HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-23.538.761, representado judicialmente por el ciudadano LUIS RAMON GONZALEZ RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.480.425 abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N° 27.444, en contra de la ciudadana ANA CECILIA GOMEZ SALAZAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-21.051.942. SEGUNDO: En consecuencia, se declara DISUELTO el vínculo conyugal existente entre ellos, cuyo matrimonio fue contraído ante el del Registro Civil y Electoral de la Parroquia Las Cocuizas del Municipio Maturín del estado Monagas, la cual se encuentra inserta bajo el Acta N° 268 del 16 de Diciembre del año 2.016, la cual acompañó en copia certificada adjunta al escrito libelar. TERCERO: Una vez haya quedado firme la presente decisión, devuélvanse los originales. CUARTO: Una vez cumplido lo anterior, este Tribunal procederá a oficiar a los registros correspondientes, a los fines de que estampe la nota marginal en las actas originales, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Registro Civil. QUINTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Resolución número 100623-0220 de fecha 23 de junio de 2010, emitida por el Consejo Nacional Electoral (C.N.E) y publicada en la Gaceta Oficial número 39.461 de fecha 08 de julio del 2010, se acuerda oficiar al Director(a) de la Oficina Regional Electoral del Consejo Nacional Electoral (C.N.E) del estado Monagas, notificándole lo conducente.-

Publíquese, regístrese, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, así como la página www.monagas.scc.org.ve y déjese copia certificada en los archivos respectivos, de la presente decisión de conformidad con el establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, a los Diecinueve (19) días del mes de Octubre del año Dos Mil Veintiséis (2.026). Años 216° de la Independencia y 167° de la Federación.-
EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. INTI DANIEL LÓPEZ

LA SECRETARIA,

ABG. CARMEN LUISA MOREY

En fecha 19 de Octubre del año 2.026, siendo la 10:15 a.m., se dictó y se publicó la anterior sentencia. Que conste.-

LA SECRETARIA,

ABG. CARMEN LUISA MOREY

EXP N° 5.882-2026
IDL/CLM/da.-