JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TARNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA. San Cristóbal, 12 de mayo de 2026. 215° y 166° Visto la diligencia de fecha 20 de abril de 2026 (folio 232), suscrita suscrita por la abogada Joseline Asaneth Uribe, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 144.209, con el carácter de Coapoderada judicial de los Codemandados: BELLANITH NOCUA BECERRA, JUAN MANUEL NOCUA BECERRA Y LEDY YORYET NOCUA BECERRA; mediante la cual solicita se decrete Medida de prohibición de Enajenar y Gravar sobre un Bien Inmueble, ubicado en el pasaje MOP, número 9 de La Parroquia La Concordia del Municipio San Cristóbal del estado Táchira, identificado como un lote de terreno y sobre él construido un Galpón. Ahora bien, establece la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha siete (07) de agosto de 2008, Exp: Nº. AA20-C-2008-000134, lo siguiente: “Por consiguiente, en fase de ejecución con el proceso concluido por sentencia definitivamente firme o por cualquier acto equivalente, los tribunales no pueden ni deben dictar medidas preventivas, es decir, que en fase de ejecución se dictan sólo medidas ejecutivas, previstas en el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil, las cuales están dirigidas a dar cumplimiento de lo sentenciado. Respecto a las medidas decretadas en la etapa de ejecución de sentencia, esta Sala en sentencia N° 0345, de fecha 25 de noviembre de 1997, caso Junta de Condominio Edificio la Pirámide, expediente N° 97-0116, estableció lo siguiente: “…Ante esta situación, la Sala considera pertinente aclarar y precisar que en la oportunidad de ejecutar una sentencia, los Tribunales de Primera y Segunda Instancia no pueden decretar medidas preventivas de las consagradas en el artículo 588 del Código de procedimiento Civil y en el parágrafo Primero (innominadas), porque se genera una subversión del procedimiento previsto para la etapa de ejecución, y por otra parte, se quebranta el derecho de defensa de la parte contra quien va dirigida…”. …omissis… Sin embargo, no ocurrió así, pues, en el presente caso, se decretó una medida de prohibición de enajenar y gravar, la cual, sólo puede ser dictada en la etapa de cognición del juicio, a diferencia de las medidas ejecutivas que son las únicas que pueden ser decretadas en la etapa de ejecución de sentencia. …omissis… Por lo que, el juez de alzada ha debido reponer la causa al estado de que el a quo ordenara la ejecución forzada solicitada por la parte demandante en fecha 28 de enero de 2004, a los fines de que se decretaran las medidas ejecutivas, y al no hacerlo se generó una subversión de las formas sustanciales del procedimiento previsto para la etapa de ejecución, ya que en esta oportunidad no se pueden decretar medidas preventivas, cuya inobservancia, deja en evidencia que se infringieron los artículos 208, 527 y 588 del Código de Procedimiento Civil, el primero, por no ordenar el proceso y reponer la causa al estado en que el tribunal de primera Instancia decretara la ejecución forzosa del convenimiento homologado; el segundo, por no cumplir con el proceso legalmente establecido para la ejecución de la sentencia en vista del convenimiento homologado y, el tercero, por haberse dictado una medida preventiva que sólo puede decretarse en la etapa de cognición del juicio y no en la etapa de ejecución de sentencia. Así se establece. Así las cosas, visto el criterio jurisprudencial trascrito y por cuanto la presente causa se encuentra en etapa de ejecución. En consecuencia, SE NIEGA lo solicitado, líbrese boleta de notificación del presente auto. Abg. Johanna Lisbeth Quevedo Poveda Juez Provisoria Abg. Wilson Alexander Ruiz Rico Secretario suplente Exp. N° 9676