Por cuanto he sido designada por la COMISION JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA como JUEZ PROVISORIA del JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, me ABOCO al conocimiento de la presente causa y revisado como ha sido el presente expediente, se recibió por distribución, demanda de COBRO DE BOLÍVARES VÍA EJECUTIVA, inserta al folio (66), presentada por CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE MONTERREY, asistida por la abogada en ejercicio LUISANA KARINA ANGULO HERNANDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 129.687, admitiéndose la presente demanda en fecha 27 de octubre de 2010. En fecha 27 de octubre de 2010, se libró boleta de citación al ciudadano ANTONIO RAMON ZAMBRANO VIVAS, titular de la cedula de identidad N° V-5.021.470, a los fines de que de contestación a la presente demanda. (Folio 67). En fecha 27 de octubre de 2010, se libró boleta de citación a la ciudadana CARMEN LUISA RAMIREZ DE ZAMBRANO, titular de la cedula de identidad N° V-5.647.236, a los fines de que de contestación a la presente demanda. (Folio 68). En fecha 07 de febrero de 2011 se recibió diligencia suscrita por parte del abogado de las partes demandadas, consignando planillas bancarias de pago. (Folio 74). En fecha 17 de febrero de 2011 por auto de esta misma fecha este tribunal en virtud de la diligencia suscrita por la parte demandada acuerda notificar a la parte demandante. (Folio 76). En fecha 17 de octubre de 2011, se libró boleta de notificación al ciudadano EDGAR GERARDO BERMUDEZ VALERO, titular de la cedula de identidad N° V-3.193.663. (Folio 77). En fecha 27 de junio de 2013, el alguacil de este tribunal deja constancia que le fue firmada boleta de notificación por el ciudadano EDGAR GERARDO BERMUDEZ VALERO. (Folio 78). Por cuanto la parte actora hasta la presente fecha no dio ningún tipo de impulso procesal, sin manifestar algún tipo de Interés en continuar el siguiente procedimiento judicial; al respecto el Tribunal observa: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún tipo de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención. “Nuestro máximo Tribunal, se ha pronunciado acerca de la perención y el interés procesal en los siguientes términos: La Sala Político Administrativa, en sentencia N° 01855 del 14/08/2001 estableció: El fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por Ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso. Luego, siendo la Perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto Orden Público, basta para su declaratoria se produzcan dos condiciones: Falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución. “Conforme a los criterios legales y jurisprudenciales antes expuestos, en el caso de autos, la falta de impulso procesal durante más de un año ha originado la Perención de la Instancia, la cual es verificable de Derecho y puede ser declarada de oficio por el Tribunal, por tratarse de un Instituto de Orden Público; en tal virtud, resulta forzoso concluir que la Perención de la Instancia debe ser declarada con lugar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 eiusdem. Así se declara.