TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.
215° y 167°

Expediente Nº 4.322

JUEZA INHIBIDA: Abogada FANNY TRINIDAD RAMÍREZ SÁNCHEZ, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.
MOTIVO: INHIBICIÓN.
Fueron recibidas por ante este Despacho, copias fotostáticas certificadas correspondientes a la incidencia de incompetencia subjetiva, planteada por la abogada FANNY TRINIDAD RAMÍREZ SÁNCHEZ, en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en el juicio seguido por RAMÓN ALFONSO CARMONA CORREDOR actuando en su propio nombre y como propietario del Fondo de Comercio INTELECTRIC RACC contra SERGIO JOSÉ MÉNDEZ MORENO por COBRO DE SUMA LÍQUIDA DE DINERO POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, signado por ante el referido Tribunal bajo el N° 37.085.
De las actas procesales remitidas a esta Alzada, consta:
.- Copia fotostática certificada del acta de inhibición de fecha 18 de febrero de 2026, suscrita por la Jueza Provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, abogada FANNY TRINIDAD RAMÍREZ SÁNCHEZ, con fundamento en la CAUSAL GENÉRICA señalada en la sentencia N° 2.140, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 07 de agosto de 2003. (folios 01 y vto, 02).
.- Copia fotostática certificada del poder especial otorgado por el ciudadano SERGIO JOSÉ MENDEZ MORENO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 5.661.740 a los abogados PATRICIA DE LA TRINIDAD BALLESTEROS OMAÑA, ENYELBER JOSE PARRA AYALA y PEDRO PABLO MONCADA BERBESI, inscritos en el Inpreabogado bajo el N° 24.427, 316.398 y 321.195, respectivamente (folio 03 al 05).
.- Riela a los folios 06 al 08 copia fotostática certificada de la resulta de inhibición planteada en la causa N° 36.926 por la Jueza Provisoria del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, Abogada FANNY TRINIDAD RAMÍREZ SÁNCHEZ.
.- Copia certificada del acta levantada por la Jueza inhibida en fecha 02 de abril de 2024, en virtud de la incidencia acaecida por ante el despacho a su digno cargo. (folio 9 y vto).
.- Copia fotostática certificada del auto de allanamiento de fecha 20 de febrero de 2026, en el cual acuerda remitir las copias correspondientes al Juzgado Superior Distribuidor (folios 10, 11).
.- Auto de entrada que esta Alzada le da a la presente inhibición, en fecha 27 de febrero de 2026. (Folio 12).

Estando en término, para decidir se observa:
De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Tribunal se declara competente para conocer de la presente incidencia, y estando dentro del lapso legal consagrado en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, realiza las siguientes consideraciones:

Expone la Jueza Inhibida en el acta de fecha 23 de enero de 2026 corriente al folio 2 lo siguiente:

“…Revisado como ha sido el presente expediente se aprecia que el demandado ciudadano Sergio José Méndez Moreno, confirió poder especial, amplio y suficiente en cuanto derecho se requiere, a los abogados en ejercicio Patricia De La Trinidad Ballesteros Omaña, titular de la cédula de identidad N° V- 9.218.086, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N°24.427; Enyelber José Parra Ayala, titular de la cédula de identidad N° V- 26.934.903, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N°316.398, y Pedro Pablo Moncada Berbesi, titular de la cédula de identidad N° V-27.920.645, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 321.195; por ante la Notaria Pública Tercera de San Cristóbal del Estado Táchira, en fecha 21 de enero de 2.025, bajo el N° 1, Tomo 3, Folios 2 al 4; el cual corre inserto en copia simple marcado los folios 42 al 44, y fue consignado por el mencionado abogado Pedro Pablo Moncada Berbesi, mediante diligencia de fecha 13 de febrero de 2026.
Ahora bien, por cuanto los abogados Enyelber José Parra Ayala, y Pedro Pablo Moncada Berbesi, acudieron a la sede de este Tribunal en compañía del abogado Nick Davinson Pabuence Vargas, el día 2 de abril de 2024, siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m) y solicitaron a la Secretaria de este Despacho ciudadana Blanca Yanelys Contreras Rosales, titular de la cédula de identidad N° V-27.724.361, conversar personalmente con la ciudadana Juez, y una vez me fue comunicado salí hasta el área donde se atienden los abogados, y en presencia de los profesionales del derecho que se encontraban en la sede, quienes se pueden identificar por la grabación de seguridad que se efectúa en dicha área, así como de la Secretaria y del Alguacil Jhony Alexander Colmenares Sánchez, titular de la cédula de identidad N° V- 10.177.503, el mencionado abogado Nick Davinson Pabuence Vargas, con la anuencia de los precitados abogados Enyelber José Parra Ayala, y Pedro Pablo Moncada Berbesi, quienes en una actitud de burla lo acompañaban, me informó en alta voz que me comunicaba que siguiendo instrucciones de su cliente me había denunciado en la Inspectoria de Tribunales por la causa N° 36.670 que curso por ante este Tribunal "por actos de corrupción”, y que eso sería probado en el curso de procedimiento, pidiéndome le recibiera la copia de la denuncia que traía en sus manos con el sello de la Inspectoria de Tribunales, la cual me negué a recibir, pues, en atención al debido proceso, debo esperar ser notificada por el órgano competente. El mencionado abogado bajo el beneplácito de sus compañeros Enyelber José Parra Ayala, y Pedro Pablo Moncada Berbesi, insistió en alta voz para que todos los presentes lo escucharan que le recibiera la copia de la denuncia y al señalarle que yo me atengo al procedimiento legal, se retiraron.
Cabe destacar, que los mencionados abogados saben que no tienen ninguna competencia para notificar en nombre de la Inspectoría de Tribunales, de lo que deduzco que su intención fue desprestigiarme ante los abogados presentes en la sede del Tribunal "por actos de corrupción". De todos los hechos narrados dejé constancia expresa en el acta que se levantó suscrita por mí y por la Secretaria y el Alguacil de este Tribunal.
Tales actos de provocación de los abogados Enyelber José Parra Ayala, y Pedro Pablo Moncada Berbesi, hacia mi persona resultan irrespetuosos al pretender poner en duda mi honestidad como juzgadora, lo que predispone y afecta mi ánimo e imparcialidad para conocer de las causas en donde los mencionados abogados actúen.
Igualmente, por cuanto la mencionada abogada Patricia De La Trinidad Ballesteros Omaña, redactó la recusación interpuesta en mi contra por el ciudadanos Adán Vivas Ramírez, actuando con el carácter de PRESIDENTE de la sociedad mercantil IDEA GLOBAL C.A., en el expediente N° 36.670 nomenclatura de este Despacho, señalando que la medida innominada que dicté en dicha causa obedeció a que hubo un acuerdo entre mi persona y la parte demandante y además manifestó que ello: "desdice de la trasparencia en la prestación del servicio de administración de justicia" recusación que además de infundada fue propuesta aun cuando la mencionada abogada sabe que no es el recurso ordinario previsto en el ordenamiento jurídico para impugnar las medidas cautelares. La aludida recusación fue declarada sin lugar por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial mediante decisión de fecha 26 de febrero de 2024, tal como me fue comunicado por oficio remitido por ese Tribunal N° 0530-046 de fecha 26 de febrero de 2024.
No obstante, los alegatos y expresiones utilizados por la mencionada profesional del derecho para sustentar la referida recusación resultan irrespetuosos hacia mi persona al pretender poner en duda mi honestidad como juzgadora lo cual predispone y afecta mi ánimo e imparcialidad para seguir conociendo las causas en las cuales la precitada abogada Patricia De La Trinidad Ballesteros Omaña, ostente el carácter de apoderada…"

Ahora bien, cabe acotar, el procesalista patrio Arístides Rengel Romberg en su “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano” Tomo I, página 409, define la Inhibición como: “… el acto del juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la ley como causa de recusación…”
Así mismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 2.140 del 7 de agosto de 2003, dictada en el expediente N° 02-2403, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, dejó sentado:

“(Omissis)”… “En la jurisprudencia reiterada de los órganos internacionales de protección de derechos humanos - Corte Penal Internacional y Corte Interamericana de los Derechos Humanos - la imparcialidad del tribunal tiene una dimensión también objetiva, referida a la confianza que debe suscitar el tribunal en relación con el imputado, para lo cual es preciso que el juez que dicta la sentencia no sea sospechoso de parcialidad,…”
… En este sentido, la Sala en sentencia N° 144/2000 del 24 de marzo ha indicado lo siguiente:
‘En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que pueden gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez…’. (Subrayado de este Tribunal, sentencia publicada en la Página Web del Tribunal Supremo de Justicia.

Por consiguiente, y aunado a lo anterior, es importante resaltar, si el Juez o cualquier otro funcionario que conoce un juicio determinado, estima que su imparcialidad puede verse afectada o en riesgo por cualquiera de las causales a que hace referencia el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, o bien por alguna otra conducta o circunstancia tal y como lo dejó establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia parcialmente trasladada, debe inhibirse de seguir conociendo de dicho asunto; en virtud de que la imparcialidad es un deber del juez que se refiere a que durante el desempeño de sus funciones tiene que mantenerle a las partes los derechos comunes en igualdad de condiciones. Así las cosas, en el supuesto de que el operador de justicia vea perturbada su imparcialidad, bien por factores externos (como la enemistad o manifiesta amistad) o internos (prejuicios o situaciones emotivas), la ley le ha previsto un mecanismo preventivo como lo es la inhibición.
En este contexto, resulta oportuno señalar que en sentencia de reciente data dimanada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, signada bajo el N° 424 de fecha 19 de julio de 2024, de la cual se hace un extracto de la misma:

“…las causales de inhibición y de recusación no son taxativas permitiendo situaciones que puedan hacer dudar la imparcialidad del Juez, y se deben examinar en la individuación en relación al asunto sometido a su conocimiento y del cual se desprende del mismo mediante acto volitivo como es la decisión de inhibición…”.

Dicha decisión advierte que no basta que el funcionario inhibido mencione alguna de las causales previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil o la anunciación pura y simple de la causal genérica a que se refiere el fallo 2.140 de la Sala Constitucional, sino que se requiere una debida fundamentación que vincule al funcionario con los sujetos o hechos que lo hagan imputable de circunstancias que afecten su capacidad subjetiva procesal para decidir lo controvertido.
En atención a lo antes expuesto, el comentarista del Código Adjetivo, Dr. ARÍSTIDES RENGEL ROMBERG, en su obra “TRATADO DE DER ECHO PROCESAL CIVIL VENEZOLANO” (Volumen I, Editorial Arte, Tercera Edición, Caracas 1992, páginas 418 y 419), expresa lo siguiente:
“El Juez o funcionario a quien corresponda decidir la inhibición resolverá dentro de tres días, sin pruebas, ni alegatos, ni relación, con vista únicamente de las actas correspondientes y sin oír apelación (art. 88 y 89). La doctrina y la jurisprudencia han establecido que la declaración del funcionario inhibido se tiene por verdadera, sin necesidad de abrir a pruebas la incidencia, siempre que no sea constante de autos su falsedad o inexactitud, pero esto no obsta para que las partes interesadas pidan la apertura a pruebas de la incidencia, a fin de demostrar que no son ciertos los hechos invocados por el funcionario inhibido, y en este caso debe abrirse el término probatorio solicitado”. (Subrayado del Tribunal).
Así mismo, conviene señalar, que la sentencia Nº 2.140 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Justicia de fecha 7 de agosto de 2003 antes citada, también dejó establecido el criterio conforme el cual es procedente la causal genérica de inhibición a más de las causales expresamente establecidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, al respecto indica:
“...debe señalarse que nuestro ordenamiento jurídico prevé dos instituciones, a saber, la inhibición y la recusación, destinadas a preservar la garantía del juez imparcial…
Sin embargo, la Sala ha reconocido que estas causales no abarcan todas las conductas que puede desplegar el juez a favor de una de las partes, lo cual resulta lógico, pues “los textos legales envejecen (...) y resultan anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas, y la reforma legislativa no se produce con la rapidez necesaria para brindar las soluciones adecuadas que la nueva sociedad exige” (Enrique R. Aftalión. Introducción al Derecho. 3ª edición. Buenos Aires, AbeledoPerrot, 1999, p.616)” (Omissis).
En virtud de lo anterior, visto que la recusación es una institución destinada a garantizar la imparcialidad del juzgador, cuyas causales, aunque en principio taxativas para evitar el abuso en las recusaciones, no abarcan todas aquellas conductas del juez que lo hagan sospechoso de parcialidad y, en aras de preservar el derecho a ser juzgado por un juez natural, lo cual implica un Juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, la Sala considera que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno dilaciones indebidas o retardo judicial...” (Subrayado de este Tribunal, Sentencia publicada en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia).

En ese sentido, la Sala Constitucional en fecha 09 de marzo de 2023, Ponente Michelle Adriana Velásquez Grillet, indica:

“…con mucha precisión ha reiterado el derecho a ser juzgado por un juez natural implica no solo la designación legal del juez, sino también su capacidad subjetiva para actuar con imparcialidad. Cualquier causa que comprometa esta imparcialidad debe ser considerada, incluso sino está expresamente contemplada en la ley…”

Por consecuente, en el caso bajo examen, y visto lo expresado por la jueza inhibida en el acta levantada en fecha 18 de febrero del presente año, donde expone en forma clara los motivos que dieron origen para plantear su inhibición en la causa signada bajo el N° 37.085, este operador de justicia, a objeto de garantizar el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de las partes intervinientes, en razón de ser conveniente para una sana administración de justicia, y en aras de una justicia imparcial, estima ineludible el deber de desprenderse del conocimiento de la causa, amén de apreciar que está procediendo de manera voluntaria conforme lo establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 84 y siguientes para la tramitación, consustanciado con la sentencia N° 2.140, expediente N° 02-2403, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 07 de agosto de 2003, por lo que necesariamente le es forzoso a este Tribunal Superior, declarar su procedencia, tal como lo hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Y ASÍ SE DECLARA.
Por ello, y en virtud de las razones anteriormente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la ley, declara:

ÚNICO: CON LUGAR la inhibición propuesta por la ciudadana Jueza Provisoria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, abogada FANNY TRINIDAD RAMÍREZ SÁNCHEZ, en el expediente que por COBRO DE SUMA LÍQUIDA DE DINERO POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, incoara el ciudadano RAMÓN ALFONSO CARMONA CORREDOR actuando en su propio nombre y como propietario del Fondo de Comercio INTELECTRIC RACC contra SERGIO JOSÉ MÉNDEZ MORENO, signado por ante el referido Tribunal bajo el N° 37.085.

Infórmese sobre esta decisión con oficio a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Asimismo, remítase este expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira a fin de que lo agregue como cuaderno separado de la causa principal.-
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de esta decisión para el archivo del Tribunal, según lo ordenan los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en San Cristóbal, a los cuatro (04) días del mes de marzo del año 2026. Años: 215º de la Independencia y 167º de la Federación.-

Abg. MSc. JOSÉ AGUSTÍN PÉREZ VILLAMIZAR
JUEZ PROVISORIO

La Secretaria,

Myriam Patricia Gutiérrez Díaz
En la misma fecha, siendo las nueve y treinta de la mañana (09:30 a.m.), se dictó, publicó y agregó la presente decisión al expediente Nº 4.322, dejándose copia certificada para el archivo del Tribunal. Igualmente se libraron oficios números _______, _______, _______, _______ a los Juzgados antes mencionados y oficio N° ________ remitiéndose el presente expediente constante de (________) folios útiles.

JAPV/MPGD/mmdw.-
Exp. 4.322.-